Nada bueno anticipan la repentina decisión del gobierno de Oaxaca ni la violenta acción de su procuraduría para tomar con marinos armados la sede del MACO, único sitio del estado y de todo México dedicado durante 31 años de azarosa vida al impulso y preservación del arte contemporáneo oaxaqueño.
A partir de su reapertura después de la pandemia, el MACO entró en crisis permanente, sin poder cubrir salarios ni gastos administrativos y con adeudos acumulados equivalentes a dos años de operación.
En una acción, que no por esperada la hace menos brutal, el gobierno recuperó la sede física del MACO con la Marina. No sólo decomisa su acervo formado por una colección de obras donadas y financiadas en su mayoría por el patronato Amigos del MACO, sino que le agandalla también hasta de su nombre.
Sin dar la menor explicación a quienes han donado obra para su acervo o para exposiciones en proceso de realización, la Procuraduría del Estado dice “haber recuperado” 145 piezas artísticas, mediante un cateo judicial hecho por ella misma en las bodegas del propio museo (!).
Un representante del gobierno expide un comunicado y dice: “ante una posible dilapidación de las obras tenemos que actuar en defensa del patrimonio de las y los oaxaqueños para esclarecer este asunto”. El autor, Geovany Vázquez, consejero jurídico del gobierno estatal se abstiene de mencionar ruta alguna para devolver a los donantes las obras secuestradas de facto, pero desliza como advertencia y en nombre del gobernador que la Consejería tiene otras denuncias pendientes “sobre inmuebles del centro histórico que corresponden al gobierno estatal y están en manos de particulares”.
Algún día se sabrá detalladamente (ojalá) el pecado de quienes mataron a la vaca y el de quienes le amarraron la pata. Por decir lo menos, que desde un movimiento de trabajadores del MACO que exigen el pago de salarios no cubiertos, la administración tuvo que hacer frente a la acumulación de dicho adeudo y, en una situación desesperada, solventar sus gastos administrativos hasta agotar el presupuesto para exposición, lo cual agravó la crisis financiera que doblegaba ya a la institución.
Si el museo quedó impedido de cumplir sus fines y objetivos, todas las donaciones recibidas deben revertirse y el gobierno debe facilitar sin dilación su devolución a sus autores y dueños. Como cualquier otra asociación civil, patronato u organismo sin fines de lucro, entre los papeles del MACO debe existir todavía el registro de donaciones recibidas desde 1992 sea en dinero o en especie.
Los donantes de las obras a Amigos del Museo MACO y quienes le entregaron obras para exposiciones que ahora han quedado truncas, tendremos que identificar las piezas según los registros disponibles, entre estos, los que el propio museo creó y el Gobierno debe dar a conocer a los donantes.
Si la recuperación se hunde en el burocratismo y la torpeza administrativa de quienes se abalanzan no sólo sobre el edificio en comodato, sino sobre el nombre mismo y las obras donadas, es muy posible que enfrenten reclamaciones legales por ese indebido despojo.
En este cuadro de cosas, parece oportuno que el gobierno aporte más y mejor información sobre una ruta clara para el reconocimiento y la ejecución de la devolución de las obras. Ojalá honre con probidad y transparencia los derechos de quienes vivimos esta triste historia.
Las primeras noticias post mortem anuncian que el edificio que albergó un sueño y un museo puede ser utilizado como espacio de exhibición de “Mexican curious” y alebrijes y para realizar actividades turísticas ligadas a la Guelaguetza.
El MACO desaparece también por implosión, como el submarino turístico que desafió las profundidades donde yacen los restos del Titanic. Atrapado por las presiones terribles de la realidad y de la imprevisión. Los náufragos de esta tragedia anunciada merecen recuperar las obras cedidas, porque la historia ligada a la vida y muerte del MACO apenas comienza.
