El caso fabricado contra el apóstol Naasón Joaquín, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, es una vergüenza para el sistema de justicia de Estados Unidos y de California. Desde el ocultamiento de pruebas que demostraban plenamente la inocencia del líder religioso hasta la fabricación de evidencias en su contra, demuestran la falta de ética, la ilegalidad y la violación al debido proceso en el actuar de la fiscalía.
James B. Jacobs, titular en 2001 de la Cátedra Warren E. Burger, ha asegurado que “Los cimientos del procedimiento penal en los Estados Unidos se encuentran en la Constitución del país, incluyendo sus diez primeras enmiendas, que a su vez constituyen la Declaración de Derechos. […] El más importante de estos derechos, en lo que se refiere a la justicia penal estadounidense, le otorga al acusado la presunción de inocencia. El acusado no tiene que probar su inocencia”.
Como es el Estado -a través de la Fiscalía- quien debe de probar la culpabilidad del acusado, en el caso de Naasón Joaquín lo que hizo la Fiscalía fue fabricar las pruebas que sirvieran para “convencer al juez y a la opinión pública” que el líder religioso era culpable de los cargos que se le imputan; sin embargo, la moción presentada por la defensa el mes pasado ha demostrado cómo se gestó el complot contra el apóstol.
Así lo hizo: Hasta septiembre del 2021, la defensa recibió las pruebas forenses de los mensajes de textos de dos de las supuestas víctimas, “… incluyendo una cadena de 70 mil 327 mensajes de texto. De las decenas de miles de mensajes que revisó, el agente Cedusky ‘marcó’ un total de 2 mil 221 textos. De los 2 mil 221 que marcó, eligió además una fracción minúscula de los mensajes de texto los que personalmente consideró ‘más relevantes’”.
Cuando la defensa tuvo acceso a dichas pruebas, encontró cómo el agente citado no sólo sesgó los mensajes, sino que, además, editó los mismos para “construir” conversaciones más o menos creíbles que luego fueron presentadas como pruebas contra el líder religioso.
El caso del apóstol ha demostrado la mala praxis de la Fiscalía de California y el riesgo de llevar a juicio a un inocente a quien le han violado todos sus derechos.
Sara S. Pozos
