En los últimos días hemos visto cómo ha amainando el problema de falta de abasto de gasolina en algunas zonas de Jalisco y otras entidades cercanas como Guanajuato.
Pero este volver paulatinamente a la actividad ordinaria, no debe verse como un pretexto para olvidar lo que está sucediendo o para no recordar los problemas tan severos que hubo, las crisis y las consecuencias económicas que se originaron. La gente que ya padeció el desabasto ha transitado de la etapa crítica a una moderada, y parece que no habrá demasiada intención de insistir en que se dé mayor información y acciones concretas para castigar el gran desfalco a la nación que significa el robo de gasolina.
Sin embargo, las autoridades deben mantener la lucha contra el contrabando de combustibles y meterse de lleno al esquema de deslindar responsabilidades y de sancionar con claridad.
No queremos el silencio como respuesta.
Es importante solicitar y hasta donde cabe exigir al gobierno federal, se informe quiénes son esos cientos de personas o personajes vinculados o presuntamente imputados con parte de los delitos del orden penal o criminal en el contrabando, robo y venta ilegal de combustibles hurtados.
Queremos saber cuál será el procedimiento para estar al 100 por ciento en cuanto al abasto; se habla de que ya están funcionando los ductos y que han sido reparados, pero también se ha dicho que han tenido suspensiones temporales porque han detectado mayores fugas en lo que llaman ellos “piquetes” y que no se ha podido determinar qué va a pasar con estas estructuras, cómo se va a terminar de recuperar su estado eficiente y cómo se va a vigilar que no vuelvan a ocurrir incidentes criminales de generarle horadaciones para extraerle furtivamente la gasolina.
Ahora bien, por un lado se está utilizando un número importante de vehículos pipa especiales para el transporte de gasolina, se habla también de una compra extraordinaria sin licitación, una compra directa, necesaria dicen por la emergencia, y del reclutamiento de posibles operadores; pero no se sabe en qué condiciones serían instalados ni con qué capacitación y capacidad revisada cuentan para operar este tipo de vehículos que son de manejo especial por lo peligroso del producto que transportan.
Y por otro lado, tampoco se ha dicho de qué partida ha salido el recurso utilizado para la adquisición de estos vehículos, quién o cómo lo está sufragando y qué va a ocurrir con ellos una vez que estén los ductos funcionando de forma regular. No hay información que tienda a dar luz sobre qué va a pasar con esos vehículos, para que serán utilizados, o si serán vendidos al término.
Qué bien que se haya avanzado y el abasto esté casi en un porcentaje de estabilidad pero qué mal que haya esta opacidad y no sepamos qué sigue.
Se debe informar también cómo quedará el precio de los combustibles y cuál será el monto de lo que puede ser un parámetro de colchón de mermas normales. Además, queremos saber en la medida de lo posible, cómo se va a salvaguardar la integridad de la Empresa Productiva del Estado, cómo se va a evitar que vuelva a ocurrir ese tremendo robo desde adentro y cómo se va garantizar la seguridad de la población para que no ocurra lo que sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo.
El tema es aplaudir lo plausible pero también exigir lo exigible.
En otro orden de ideas, al tiempo que está terminando el desabasto de gasolina, ha resurgido el asunto de los bloqueos al sistema ferroviario que realizan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo disidente que tiene muchos años peleando contra la dirigencia establecida del sindicato de maestros.
Aquí el tema es hasta dónde se puede seguir tolerando ese tipo de chantajes y de daños a la economía, sin que alguien les ponga un alto.
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