Cuando Andrés Manuel López Obrador buscaba la presidencia, una de sus promesas más atractivas fue la de reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro. “Cuando lleguemos al gobierno, ya no habrá gasolinazos”, repetía. Esa promesa se quedó en el olvido.
Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, su sucesora y heredera política, enfrentamos el precio más alto de la historia: 24.19 pesos por litro para la gasolina Magna y 25.92 pesos para el diésel, según datos de PETROIntelligence.
Lo más preocupante no es solo el incremento, sino cómo desde el gobierno se intenta justificarlo con datos confusos y sesgados. La presidenta Sheinbaum ha señalado que, en el pasado, bajo administraciones como la de Enrique Peña Nieto, el precio de la gasolina era “mucho más caro”. Sin embargo, esa afirmación es falsa: pues en el sexenio de Peña Nieto, llegó a aumentar a 19.31 pesos por litro, por lo que nunca antes en la historia moderna habíamos pagado tanto por llenar el tanque como ahora.
Este nuevo gasolinazo tiene dos causas principales. Por un lado, el ajuste anual al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que este año aumentó en línea con la inflación de 4.55%. Por otro, el alza en los precios internacionales del petróleo. A pesar de estas razones, es importante recordar que la carga fiscal sobre los combustibles sigue siendo una decisión del gobierno federal. En otras palabras, es el propio Estado quien, al no moderar el IEPS o eliminarlo, permite que el impacto de estos aumentos recaiga directamente sobre los consumidores.
La narrativa oficial intenta minimizar el problema al afirmar que el precio “aún está controlado”. Pero esta postura contradice no solo los datos duros, sino también el discurso con el que la 4T llegó al poder. Si el precio de la gasolina alcanzó niveles récord con Peña Nieto, fue porque se liberalizó el mercado energético. La 4T, en cambio, prometió frenar esos aumentos y dar un respiro a los mexicanos. Hoy vemos que la realidad es otra.
Además, los efectos de estos precios se sienten en toda la economía. El transporte público y de carga, que depende del diésel, enfrenta costos más altos, lo que eventualmente se traduce en aumentos en los bienes y servicios básicos. Así, este gasolinazo afecta no solo a quienes tienen automóvil, sino a toda la población.
¿Dónde quedó la promesa de que la gasolina costaría 10 pesos? En el mismo lugar donde quedaron tantas otras: en el archivo de las promesas incumplidas. Lo que tenemos hoy es un gobierno que intenta justificar lo injustificable y una ciudadanía que paga el precio de esas decisiones.
El costo de este nuevo gasolinazo no solo se mide en pesos, sino en la pérdida de credibilidad de quienes dijeron que todo sería diferente.
