La propuesta de la ministra Lenia Batres para cambiar la forma en que se calculan las indemnizaciones por muerte o incapacidad es un retroceso evidente para los derechos laborales en México. Su proyecto plantea sustituir el salario mínimo por la UMA como base del cálculo, una medida que automáticamente reduce la cantidad que reciben las familias cuando un trabajador fallece en un accidente.
Hoy una familia puede recibir alrededor de 1.4 millones de pesos por la muerte de un trabajador. Con el cambio planteado por Batres, esa cifra bajaría a 565 mil pesos, lo que significa una reducción cercana a 828 mil pesos. Esa diferencia no pasa desapercibida: es un golpe directo a quienes más necesitan apoyo en un momento de pérdida y vulnerabilidad.
Esta modificación favorece claramente a las aseguradoras y a las empresas responsables de accidentes laborales. Al reducir el monto de las indemnizaciones, los costos para ellas se vuelven más bajos, mientras que las familias afectadas quedan en una situación más frágil que antes. El proyecto parece diseñado más para proteger intereses corporativos que para defender a los trabajadores.
Cuando una persona muere en su trabajo, la indemnización no es un trámite ni una cifra fría. Es el reconocimiento del daño causado y un mínimo intento de compensar la ausencia de quien sostenía emocional y económicamente a su familia. Al reducir ese monto, el Estado termina enviando el mensaje de que la vida del trabajador vale menos.
La ministra argumenta que su propuesta se ajusta a la Constitución. Cumplir la ley es importante, pero también lo es garantizar que las decisiones públicas no afecten a quienes ya se encuentran en situación de desventaja. Sostener una postura “técnica” sin considerar el impacto humano termina alejando al sistema judicial de su deber más básico: proteger a la gente.
El hecho de que este proyecto regresara después de haber sido retirado en octubre muestra una insistencia preocupante. La reiteración de este planteamiento revela una agenda que prioriza criterios administrativos y ahorros para terceros, sin colocar en el centro a las víctimas ni a sus familias.
Este ajuste no solo reduce una cantidad en papel; reduce la dignidad. Una familia que pierde a un ser querido no debería recibir menos apoyo por una decisión burocrática que minimiza el valor de la vida trabajadora. La justicia laboral pierde sentido cuando se convierte en un cálculo frío y distante.
En conclusión, la propuesta de Lenia Batres no representa un avance, sino un retroceso. Presentarla como una adecuación técnica no oculta el efecto real: abarata la vida de los trabajadores y deja a sus familias en mayor desamparo. Ese camino no fortalece derechos ni construye un país más justo.
