Lo que está pasando con el periodista oaxaqueño Edgar Leyva debería preocuparnos a todos. No es solo una historia más de violencia contra la prensa; es una señal de que en México, investigar la corrupción o documentar abusos de poder aún puede costar la vida. Y hoy, el riesgo para él vuelve a estar más presente que nunca.
El 27 de noviembre, un juez citó a Leyva a una audiencia presencial en Miahuatlán de Porfirio Díaz, justo en una zona donde opera el grupo criminal que en 2021 atentó contra él. Aquel ataque no solo buscaba silenciarlo: terminó con la vida de su hermano y su tío. Mandarlo ahora a esa región, sin tomar en cuenta la situación que lo rodea, es una decisión que puede ponerlo otra vez frente al mismo peligro.
Durante más de dos décadas, Edgar Leyva ha investigado temas incómodos: despojo de tierras, posibles actos de corrupción y conflictos que afectan a toda la región de Ocotlán, Ejutla y Miahuatlán. Su trabajo es de interés público y debería estar protegido, no castigado con decisiones judiciales que lo arrinconan en lugares donde su seguridad no está garantizada.
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores lo dijo con claridad: este caso exige atención urgente. La Fiscalía de Oaxaca tiene pendiente la detención del presunto autor intelectual del ataque de 2021. No puede haber justicia mientras quienes ordenan la violencia siguen libres y operando con total impunidad.
También corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca revisar de inmediato la sede de las audiencias. No se puede obligar a un periodista —ni a ninguna víctima o testigo— a acudir a un sitio donde su vida corre peligro. La justicia no puede convertirse en un mecanismo de revictimización.
El Gobierno de Oaxaca, por su parte, debe garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en zonas de riesgo. No basta con discursos sobre la libertad de expresión; se necesitan medidas concretas de protección y coordinación institucional que tengan impacto real en el terreno.
Y las autoridades federales no pueden quedar al margen. Este es un caso que amerita acompañamiento y, si es necesario, la activación de los mecanismos nacionales para la protección de periodistas. No se trata de un favor: es una obligación del Estado mexicano.
En el fondo, este caso revela algo doloroso: en México, informar aún puede ser una sentencia. Por eso, es indispensable que las instituciones actúen antes de que la historia se repita. La vida de un periodista no debería depender de un trámite judicial ni de la buena voluntad de quienes tienen el poder de protegerlo. Y hoy, Edgar Leyva necesita esa protección más que nunca.
