México se está convirtiendo en un país invivible. A la gente afincada en los lugares del territorio nacional donde todavía se puede encontrar una mínima normalidad parece preocuparle bastante el tema de la violencia criminal –así fuere como un relato de atrocidades acaecidas en otras comarcas— pero no se ha horrorizado hasta el punto de movilizarse de manera decidida y contundente para exigirle a nuestros gobernantes que esto se arregle ya, que se acabe de una maldita vez la inseguridad.
Es curioso porque somos un país de protestas constantes, de manifestaciones por esto o por lo otro. Las vías del ferrocarril estuvieron bloqueadas durante semanas enteras en Michoacán y la toma de las casetas de peaje en las autopistas es cosa de casi todos los días. Las calles y avenidas de la capital son crónicamente cerradas a la libre circulación por grupos cuya estrategia se sustenta en perjudicar al resto de los ciudadanos para proceder entonces a negociar con las autoridades.
Pero esta cultura de la protesta no se despliega en la madre de todas las demandas –a saber, que México deje de ser una tierra inhóspita, avasallada por los delincuentes, para volverse la patria acogedora y apacible que merecemos en nuestra condición de ciudadanos con derechos irrenunciables— sino que es tramitada en una inagotable petición de prebendas, privilegios y canonjías.
La trasnochada izquierda latinoamericana tiene una oscura fascinación con la criminalidad: la justifica, en última instancia (o no tan última), como una respuesta a las durezas de la pobreza, como una suerte de restablecimiento de la justicia primigenia debida a los desheredados de este mundo y, finalmente, como un subproducto anunciador de la lucha armada –la Revolución, o sea— que terminará por poner las cosas en su lugar para instaurar el ansiado socialismo justiciero.
Los encargados de combatir a los rateros, a los secuestradores y a los extorsionadores serían, encima, “represores” de necesidad, emisarios de los poderosos y, en ese sentido, garantes directos de un sistema repudiable por servir a los privilegiados de siempre. Los regímenes izquierdosos de nuestro subcontinente no simpatizan nada con los cuerpos policiacos y no es casualidad, en un primer momento y al no haber todavía consolidado plenamente sus dominios luego de haber accedido al poder, que se dediquen a menoscabar las funciones de los organismos de seguridad. Ya luego, bien afianzados y con todas las riendas en sus manos, habrán de agenciarse los servicios de las policías y las fuerzas armadas para instaurar el modelo autoritario que en realidad propugnan y que necesita, justamente, de instrumentos dirigidos a la represión.
El asunto es que la violencia está alcanzando cotas absolutamente aterradoras. Muy pronto, este país no sólo será invivible sino… inviable.
Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
