Las acusaciones tuvieron lugar en su momento, luego de consumado el pasado proceso electoral en Sinaloa y saberse que el crimen organizado había intimidado a los votantes, secuestrado a candidatos e intervenido abiertamente para favorecer a Morena, el partido de Estado en este país.
Muy bien, ¿y qué ocurrió? Nada, señoras y señores. Los tribunales electorales y las fiscalías se desentendieron de las denuncias presentadas, ignoraron a los querellantes y certificaron alegremente los resultados, faltaría más.
Para eso sirven los organismos públicos a modo y precisamente por esa razón, para no tener que afrontar ningún contratiempo ni estorbo legal, es que el aparato de doña 4T impuso la tal reforma judicial, una empresa, en los hechos, diseñada específicamente para aniquilar las potestades de los señores jueces y acabar con la independencia de uno de los Poderes de la República. Que no nos vengan, por favor, con ese cuento de que la ley es la ley.
Así las cosas, siendo pisoteados flagrantemente los preceptos inscritos en nuestra Carta Magna, don Rocha Moya se apoltronó desfachatadamente en el trono estatal, obligado, eso sí, a retribuir los favores recibidos, o sea, a dejar que el Cártel de Sinaloa operara a sus anchas en el vasto territorio de su fértil y fecunda entidad federativa.
Hasta aquí, una muy sumaria reseña de unos sucesos que, miren ustedes, merecieron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomara cartas en el asunto. Aquí, los perversos cárteles son socios de algunos muy conspicuos adalides del régimen morenista pero allá, en nuestro vecino país del norte, han sido calificados de organizaciones terroristas, ni más ni menos. Para decirlo con todas sus letras: una amenaza directa a la seguridad interior de la nación estadounidense.
De tal manera, el arsenal de medidas y disposiciones que tiene en sus manos el país más poderoso del planeta es punto menos que colosal y la propia circunstancia de que México sea la comarca donde residen los violentos nos coloca, estratégicamente, en una posición de extrema vulnerabilidad.
Más allá de los cálculos de quienes invocan el principio de soberanía para amparar a Rocha Moya, el sujeto es absolutamente indefendible bajo cualquier consideración moral. Pero…
