Los mercados todavía no han castigado realmente a la economía mexicana. Las agencias, excepto Moody’s, siguen otorgando más o menos la misma calificación crediticia —HR Ratings: BBB+ (perspectiva estable); S&P: BBB; Fitch: BBB-; Moody’s: Baa2 (perspectiva negativa)— y se mantiene el grado de inversión.
El supremo Gobierno (nunca mejor aplicado el término acuñado en su momento por el subcomandante Marcos) se permite entonces cacarear, en un portal de la red, que el “comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos (sostenidos por) un tipo de cambio flexible, una sólida política monetaria y fiscal, un sistema financiero capitalizado, un nivel de deuda moderado y un adecuado nivel de reservas internacionales han permitido que el país mantenga una calificación de grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras”.
Nada que decir, entonces, en lo que toca a nuestros ánimos de cuestionar y criticar los desempeños del régimen morenista, movidos por inquietudes perfectamente legítimas o, ya en un plan mucho más avieso directamente derivado de nuestra oscura condición de fachos conservadores, por el rechazo que nos infunde el populismo socialista.
En todo caso, y más allá de que las propias calificadoras hayan perdido bastante credibilidad luego de no advertir que se nos venía encima la crisis de 2008 y de tampoco percatarse de la inminente debacle de Lehman Brothers, el tema del manejo financiero de la nación es un asunto preocupante en sí mismo porque hay ya varias alarmas encendidas, entre ellas las catastróficas finanzas de Pemex (es la corporación petrolera más endeudada del mundo, miren ustedes el colosal precio que estamos pagando por la salvaguarda de nuestra “soberanía energética”: debe más de 100 mil millones de dólares y no puede siquiera pagarle a sus proveedores) y el aumento de la deuda pública del propio Estado mexicano, obligado a la correspondiente liquidación de intereses.
No es el mejor de los escenarios, ni mucho menos, siendo que no crece la actividad económica y que los recursos obtenidos por el Gobierno al emitir deuda soberana no se han usado para mejorar la infraestructura ni la capacidad productiva del país.
Pero, bueno, las calificadoras, por lo que parece, no están participando en las conspiraciones anti 4T alentadas desde el extranjero.
