Una de las virtudes del buen ciudadano es que lo público lo siente como cosa propia; luego entonces, lo cuida y lo protege. Lo siente como algo suyo que hay que mantener en buen estado. Un bien del que uno mismo saca provecho.
En ese universo de lo público hay toda suerte de bienes y objetos: hay cobertizos en las paradas del bus que te resguardan del sol y la lluvia, hay teléfonos en las esquinas desde donde puedes hacer llamadas a todos los países del mundo, hay farolas encendidas que te iluminan el camino de noche, hay bancos en los parques, hay señales que te advierten del tráfico al cruzar la calle, etcétera, etcétera, etcétera…
Existe, sin embargo, otra subespecie de individuos que llevan dentro el nefario impulso de destruir y afear lo que nos pertenece a todos sin siquiera darse cuenta, más allá del inventario de posesiones que puedan ellos tener, de que están mermando el único patrimonio que les es cedido de forma prácticamente gratuita (digo esto porque dentro de la categoría de los vándalos no imagino que entran los ciudadanos que pagan impuestos, gente que, por ese mismo hecho, está más consciente de que todos los bienes públicos se financian con el dinero que las autoridades recaudan).
El destructor es un ser que lleva mucho resentimiento dentro y su devastación resulta de una mezcla de ignorancia, falta de espíritu cívico, (mucho) enojo, deseo de vengarse de agravios reales o imaginarios, falta de confianza en un “sistema” que percibe como un opresor y una total ausencia de respeto por el otro.
Y, como escribía yo ayer, muchos bárbaros están apenas esperando el más nimio pretexto para entrar en acción, ponerse una capucha y salir a las calles a destrozar ese mobiliario urbano, esas cabinas telefónicas o esos paraderos de autobuses que con tantos esfuerzos hemos logrado tener en un país donde no sobran los recursos. Falta la peor noticia: no hay nadie dispuesto a detenerlos.
