El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), abre una hoja de ruta para que, en sus programas derivados, se establezcan los elementos necesarios para una adecuada planeación nacional. El PND es limitativo y enunciativo —más que descriptivo y estratégico—. Por lo anterior, la Administración Pública Federal debe incorporar todos sus esfuerzos técnicos y metodológicos en sus programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.
Como en todos los sectores de interés nacional, en el rubro de política exterior el PND orienta el rumbo y las principales prioridades que el presente gobierno impulsará durante los próximos cinco años. En síntesis, en materia internacional, nuestra relación primordial será por vecindad geográfica e intereses mayoritarios con Estados Unidos y, ratificando nuestra pertenencia histórica, el Plan agrega que habrán de fortalecerse nuestros vínculos económicos, culturales, científicos y tecnológicos con América Latina y el Caribe, en particular con Centroamérica. Finalmente, menciona que el Ejecutivo Federal ofrecerá relaciones de cooperación, amistad y respeto con todos los países del mundo.
En este sentido, quedan diversas interrogantes que tendrán que resolverse con los programas derivados. Por ejemplo: ¿Qué pasará con el resto de las regiones y subregiones geográficas?¿Con Asia-Pacífico, Asia Central, Medio Oriente, África, Europa? ¿Cómo serán nuestras relaciones bilaterales en específico con ciertos países? ¿Qué alcance e impulso tendrá la cooperación internacional para el desarrollo?¿Cuál será nuestra política multilateral en los principales foros internacionales?¿Qué posición impulsaremos en los mecanismos de integración regional? ¿Qué compromisos internacionales asumiremos, cuáles ratificaremos y qué acciones instrumentaremos para luchar contra los desafíos globales, tales como la delincuencia transnacional y cibernética; el terrorismo y contraterrorismo; la migración y los desplazamientos forzados; los crímenes y discursos de odio, así como los desequilibrios derivados del cambio climático? ¿Cuál será nuestra política consular para la protección de nuestros connacionales en el exterior? ¿Tendremos una nueva estrategia de diplomacia pública, cultural, turística, y de promoción y prospectiva económica?
En particular —desde la SRE y en coordinación con la SCHP— trabajamos en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 2019-2024, el cual está previsto se publique en el DOF en diciembre de este año. Asimismo, coadyuvamos en otros especiales, como en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo que prepara la AMEXCID, el Programa Especial de Cambio Climático a cargo de la SEMARNAT y el Programa para la Seguridad Nacional coordinado por el CSN. Todos son programas derivados del PND y se construyen en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Son textos que guiarán durante los próximos cinco años la política exterior de México, así como los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo, cambio climático y seguridad nacional de nuestro país.
No obstante, urge para el desarrollo socioeconómico nacional contemplar una reforma a los ordenamientos jurídicos de planeación, en particular a los artículos 25 y 26 de la Constitución, y al 21 y 22 de la Ley de Planeación. Ello con objeto de dejar de idear planes y programas sexenales y, en su lugar, proyectar a largo plazo, hacia cuarenta o cincuenta años, y garantizar que sigan siendo vinculantes. Las políticas y programas públicos correctamente sustentados tienen que tener carácter de Estado, mas no de gobierno, por lo que requieren de un blindaje legal que los resguarde de cambios de administración pública y alternancias de poder. Si bien se pueden hacer proyecciones más allá de los seis años de cada administración, la vigencia de los programas sectoriales termina con el PND en turno, por lo que este blindaje deberá garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos nacionales.
Por lo anterior, y mientras tanto, el PSRE ofrecerá un razonamiento con una visión a mediano plazo hacia el término del sexenio, y a largo plazo, considerando cuatro lustros. Asimismo —en concordancia con la Ley de Planeación— se integrarán objetivos, estrategias, acciones, metas estratégicas y parámetros de gestión. Ello permitirá una adecuada planificación y evaluación de resultados, a la vez que incorporará la visión transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo lema en beneficio de los grupos vulnerables y menos favorecidos es: “No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera”.
Por otro lado, la opinión de expertos y académicos se considera vital y también será atendida en el PSRE. Para ello, recientemente la SRE realizó un Conversatorio sobre Política Exterior, mediante el cual se recogieron las principales recomendaciones en la materia para el canciller Marcelo Ebrard, de parte de 27 expertos en relaciones internaciones y asuntos globales. Como lo requiere toda política pública, el diálogo y la retroalimentación constante con la sociedad serán elementos fundamentales para articular una política exterior debidamente planeada.
Algunas de las recomendaciones del Conversatorio versaron sobre: retomar el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica con otros componentes no migratorios en el marco del Plan de Desarrollo Integral; aumentar la cooperación en temas de seguridad con EUA, en particular sobre el tráfico ilícito de armas y el fentanilo; presentar en 2020 una resolución ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro que implican los grupos supremacistas blancos como nueva forma del terrorismo internacional; recuperar al gabinete de política exterior para hacer recomendaciones al presidente de México; concluir a la brevedad la negociación del Acuerdo Global con la Unión Europea; aprovechar la ratificación del Tratado Transpacífico (TIPAT); y compensar la poca presencia en el continente africano con un programa de cooperación, entre otras.
*Maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Servidor público en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
