Jalisco volvió a ser noticia nacional. Lo fue así por la vía que, prácticamente desde hace seis años, ha sido privilegiada para situar en la agenda pública literalmente cualquier asunto de interés del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bastó su respuesta ante una pregunta durante su conferencia matutina para suscitar la unanimidad de las voluntades a favor del recuento de votos, tanto de los principales actores políticos involucrados en el reciente proceso electoral como de las autoridades electorales de la entidad. Aunque reconoció que es decisión de la autoridad electoral, la sutileza con la que hizo acompañar su “recomendación respetuosa” fue suficiente para dejar en claro la contundencia de su opinión: “pero el que se niega a abrir los paquetes, a contar, es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza” (MILENIO JALISCO, 21 de junio).
En ese contexto, resulta difícil imaginar que el tribunal electoral decida algo en sentido contrario para el caso de las elecciones de gobernador y de la presidencia municipal de Guadalajara; no obstante, el recuento que, a decir de las autoridades electorales de Jalisco, ya se hizo “del 54 por ciento de los votos correspondientes a 17 mil 746 paquetes de las tres elecciones, gubernatura, diputaciones y ayuntamientos” (MILENIO JALISCO, 21 de junio).
Definitivamente la expresión unánime a favor del esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica e indubitable sobre el sentido de la voluntad expresada por los jaliscienses en cada una de las boletas es motivo de celebración. Más aún, la experiencia electoral de Jalisco bien puede convertirse en un referente de lo que hoy resulta fundamental extirpar de raíz: la desconfianza que impera en la lógica de toda la organización electoral vigente. El simple contraste entre el nivel de participación y compromiso cívico mostrado por los ciudadanos y electores jaliscienses durante la jornada electoral y las circunstancias y acontecimientos posteriores, debería ser suficiente para promover una reforma política que ponga al centro a los ciudadanos, facilitándoles su labor como funcionarios de casilla a través del uso de tecnología.
