El martes pasado siete minas enterradas explotaron en la colonia Larios, del municipio de Tlajomulco, Jalisco. Este atentado terrorista arrebató la vida a seis personas y dejó heridas a otras 14.
Entre quienes sufrieron las consecuencias hay dos menores, también agentes de policía y personas funcionarias de la fiscalía local de justicia.
Solo cuatro horas antes de que sucediera esta tragedia, Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, se había reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Ambos hechos podrían estar desconectados, pero a estas alturas no debería descartarse ninguna hipótesis.
Quien sembró esos artefactos explosivos quiso mandar un mensaje de horror que, como el propio Alfaro reconoció, no se había visto antes en esa entidad.
Este episodio también desnudó, ante la opinión pública nacional, el desencuentro que hay entre los colectivos de madres buscadoras y el gobierno estatal. También arrojó luz sobre la desconfianza que domina la relación entre los grupos de derechos humanos y el gobernador Alfaro.
No es para menos. Como dicen los colectivos, con Alfaro, Jalisco se ha convertido en un inmenso cementerio. Del total de fosas clandestinas que se han localizado en el país, la inmensa mayoría se hallan en ese estado del occidente mexicano. Y un porcentaje altísimo se concentra en Tlajomulco, el bastión político de Alfaro, desde hace 10 años.
Los datos son incontrovertibles. De un total de dos mil cuerpos recuperados en las fosas clandestinas que se han descubierto en el país, 653 han sido rescatados en Tlajomulco.
Ese municipio tiene el número más grande de fosas clandestinas. A manera de comparación, en San Fernando, Tamaulipas, lugar que probablemente ocupa el segundo puesto, se han encontrado 350 cadáveres.
La académica Alejandra Guillén llama Chernóbil a las colonias elegidas por los grupos criminales para edificar sus cementerios. Durante los últimos cinco años colonias como Chula Vista, Santa Fe o Lomas del Mirador I y II son zona de guerra y sobre todo de muerte.
El mes pasado los colectivos de madres buscadoras dieron con un inmenso panteón en la colonia San Juan Evangelista. De ese sitio clandestino, hasta el martes pasado, se habían rescatado 51 cuerpos humanos. Las líderes buscadoras afirman que esa cifra es a penas 25 por ciento del total enterrado.
Dicen esas mismas mujeres que no han contado con apoyo del gobernador y también que las autoridades locales suelen entorpecer su tarea. La relación se encuentra tan deteriorada que las buscadoras no creyeron una palabra a propósito de las explicaciones que dio Alfaro sobe el evento de las minas detonadas en la colonia Larios.
De acuerdo con la versión proporcionada por el mandatario, antes del martes 11 de julio por la noche, la fiscalía local había recibido de manera insistente mensajes anónimos de una mujer que se presentó como integrante de alguno de los colectivos. En tales comunicaciones habría proporcionado las coordenadas de una fosa clandestina.
Alfaro narra que, como siempre hace su administración, la autoridad acudió de inmediato para atender la denuncia. Sin embargo, se trató de una trampa. Nunca existió la fosa clandestina. Alguien había sembrado siete artefactos explosivos que hizo detonar cuando los agentes se encontraron próximos.
Al día siguiente, después de contar este horror, Alfaro anunció que, debido a la emergencia, su gobierno iba a suspender toda búsqueda hasta que no se revisaran los protocolos. Afirmó que esta decisión se tomaba para proteger a las madres buscadoras y también a sus funcionarios.
La desconfianza que esas mujeres tienen respecto del gobernador las llevó a declarar, casi de inmediato, que Alfaro estaba mintiendo. Indira Navarro, una de las voces con mejor credibilidad entre los colectivos, negó que el reporte anónimo hubiese provenido de alguna de las buscadoras. Informó que ese mismo día, por la mañana, habían estado en otro lugar, lejos de donde ocurrió el acto terrorista.
Se suma como argumento contradictorio el que los agentes asignados para prestar el servicio la noche fatídica no pertenecieran a la fiscalía de personas desaparecidas. También aporta sospecha el que se haya acudido a una zona tan peligrosa, casi a la media noche, cuando ningún protocolo racional recomendaría que policías o peritos intentaran destapar una fosa clandestina a esa hora.
Mañana domingo está prevista una marcha en la ciudad de Guadalajara para protestar contra la política del gobernador y sobre todo contra su decisión de suspender las búsquedas. Los colectivos acusan a Alfaro de manipular la tragedia para evitar que se siga desenterrando la verdad vivida en Jalisco. Denuncian, por ejemplo, la intención de detener las exhumaciones de la colonia San Juan Evangelista con el propósito de sostener un discurso falso.
De nuevo la voz de Indira Navarro: “nos da mucho coraje. Lo tomamos como una cubeta de agua fría encima porque (Alfaro) se aprovecha de la situación.”
En respuesta a estas criticas, el gobernador aclaró que solamente se suspenderían las búsquedas cuyo origen estuviese ligado a llamados anónimos.
Reviran los colectivos que 90 por ciento de las exhumaciones en fosas clandestinas ha sido posible gracias a esas llamadas anónimas.
Unos días antes del atentado con las minas, un operativo similar, integrado por la Guardia Nacional y la policía estatal, ingresó a la misma zona de Tlajomulco. Gracias a él se liberó a una persona, se incautaron armas y también drogas.
Cabe preguntarse si el tema de las minas no fue una revancha respecto de ese operativo y no un atentado relacionado con el trabajo que realizan las madres buscadoras.
