Mañana Andrés Manuel López Obrador hará lo que ningún otro líder político de la actualidad puede hacer: llenará la plancha del Zócalo para informar sobre los resultados de sus tres primeros años de gobierno. No es de extrañar que frente a este ejercicio democrático existan tanto descalificaciones al informe mismo como a la actuación del primer mandatario.
No es de extrañar porque desde que se convirtió en el líder del movimiento que aspiraba a cambiar el régimen político, los grupos de oposición, fieles al statu quo, se han encargado de tapizar a AMLO de adjetivos calificativos para tratar —sin éxito—, de desprestigiarlo; el de “demagogo”, es quizá uno de los más utilizados.
La palabra demagogia hace referencia al empleo de falsas promesas para convencer al pueblo. A la mitad del camino, podríamos preguntarnos si realmente la oposición, adversarios y reaccionarios tienen razón en llamar demagogo al gobierno actual. La respuesta concreta y contundente es que no, pues de no haber cumplido con lo prometido resultaría imposible explicar cómo es que el Presidente llega a su tercer año de gobierno con más de 70 por ciento de aprobación.
Es cierto, el movimiento encabezado por el ahora presidente postuló en su momento ideas y promesas de campaña que ante el peso de la realidad parecían inalcanzables, incluso utópicas, pero que en esta etapa del gobierno, a pesar de las dificultades presentadas en el camino, se reflejan en cambios profundos a la normatividad que rige la vida pública del país.
“Por el bien de todos, primero los pobres” es una frase que se ha materializado en cambios constitucionales aprobados desde el Senado, a través de los cuales se garantiza que, quienes habían sido ignorados por el modelo económico pasado, tengan acceso a la protección de un Estado de bienestar robusto.
Se dijo también que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”. Para cumplir con esto, para poner fin a los excesos y los privilegios de la burocracia dorada, se aprobaron cambios a la Constitución para que la austeridad republicana sea una política transversal, y aunque aún existen algunas instancias que se resisten a ponerla en marcha, como el poder judicial, hoy se puede decir que la esencia del servicio público en México, se ha reivindicado.
Por otro lado, AMLO prometió realizar acciones para separar el poder político del poder económico, y lo ha hecho. Desde el Legislativo se aprobó poner fin a la condonación de impuestos, prohibir el uso de empresas fantasma y terminar con la tolerancia o complicidad que permitía el uso de facturas falsas con las que el erario era defraudado, con esto se evita que las pérdidas se sigan socializando mientras que las ganancias se privatizan.
En su toma de protesta, AMLO dijo: “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”, para ello se catalogó la corrupción como delito grave, y se inició una reforma al Poder Judicial, a fin de incrementar su eficiencia y disminuir la impunidad.
En resumen, las promesas difíciles de cumplir se traducen hoy en al menos 240 productos legislativos para alcanzar las más urgentes demandas de la sociedad. Es cierto, aún hay pendientes por alcanzar, como la pacificación del país, pero han sido los hechos y no las palabras los que alejan al actual gobierno de cualquier atisbo de demagogia o la dictadura de la cual advertían quienes se oponen al cambio de régimen.
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