¿Con respecto a qué medir el éxito o el fracaso del ejercicio revocatorio del pasado domingo? En lo relativo a los antecedentes históricos, fue exitoso al 100 por ciento por la sencilla razón de haber sido el primero en la materia. Como experiencia pionera, fundacional, inaugural y realizada sin contratiempos, cumplió con creces las expectativas de participación planteadas.
Superó los 11 millones de firmas ciudadanas, con las cuales se validó la solicitud para realizar la revocación de manera formal. Ciertamente no se alcanzaron los 37 millones de votos para que el resultado fuese vinculante, pero ello no demerita las metas cualitativas que sí se lograron, tales como sentar un precedente a nivel presidencial, dotar a la ciudadanía de un nuevo instrumento de rendición de cuentas e inaugurar una vía distinta de expresión a una ciudadanía más participativa y crítica.
En este mismo espacio, hace una semana, consideramos que si se alcanzaban los 15 millones de participantes sería un “éxito óptimo”. También apostamos a que “mínimamente” siete de cada 10 votos serían a favor de la confirmación del mandato, pero nos quedamos cortos: fueron 9 de cada 10 sufragios.
Afirmar que con la revocación se perdió la mitad de la legitimidad original con que se ganó la presidencia en 2018 (15 de 30 millones) es un gran sofisma político, porque hace abstracción de que cuatro años más tarde hubo 66 por ciento menos de casillas instaladas para captar a un electorado que creció de 89.1 millones de ciudadanas y ciudadanos a 92.8 millones de votantes. Este error de logística es responsabilidad de la autoridad electoral, no de quien fue sentado en el banquillo de los revocables.
La otra métrica por evaluar es el gasto que la revocación implicó. Podríamos afirmar que los mil 692 millones de pesos que en esta ocasión costó instalar 57 mil casillas fueron muchos más que los del ejercicio de consulta sobre el juicio a ex presidentes (2021), cuando con 502.6 millones de pesos se instaló el mismo número de centros receptores del voto. Esta disparidad fue observada por el propio presidente AMLO, sin que el INE diera una respuesta satisfactoria, pues se concretó a decir que “esto es lo que cuesta realizar un proceso con las garantías de legalidad, objetividad, certeza y responsabilidad que marca la Constitución”.
El costo de la democracia es un tema de nuestros días. El hecho de que el futuro de ésta sea la participación directa, y las consultas ciudadanas el pan de cada día, está impulsando nuevos mecanismos de expresión con apoyo en las tecnologías digitales, como el sufragio electrónico. Dentro de poco tiempo se podrá votar desde el celular o desde una laptop o PC, con la misma seguridad con que hoy se hacen transacciones financieras y comerciales, con un costo marginal. No falta mucho para que nuestra democracia deje de ser una carga presupuestal de 46 mil millones de pesos anuales (órganos y tribunales electorales —federales y locales— incluidos).
Si el aeropuerto Felipe Ángeles marcó el despegue de la segunda mitad de este gobierno, la revocación es la turbosina política para que la 4T alcance pronto la velocidad de crucero.
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@RicardoMonrealA
