Todo sistema de justicia tiene el reto de su eficacia, que funcione adecuadamente. Ante la complejidad de largos procesos legales, existen mecanismos que permiten, en muchos casos, que la justicia sea estratégica y atienda la demanda social. Es el caso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), una expresión del acceso a la justicia sustentada en el diálogo social. Pero ¿por qué no son tan populares?
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021 del INEGI reveló que hubo 121,572 expedientes legales (familiar, civil, mercantil y penal, principalmente), de los cuales el 94% concluyó por el aprovechamiento de los MASC; también, que los expedientes concluidos a partir de esos mecanismos disminuyeron 31.8% respecto 2019. Estos datos permiten conjeturar que, o hay menos conflictos y, por ende, menos expedientes para usar los MASC; o por alguna razón no se están aprovechando.
En materia penal, por ejemplo ¿por qué no se aprovecharían esos MASC? La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI reportó que en 2021 los ministerios públicos y las fiscalías estatales tienen 55.9% de confianza ciudadana, solamente por encima de policías de tránsito (45%) y Policía Preventiva (52.7%). Además, que de un universo de 28.1 millones de delitos cometidos en 2021, solamente se denunciaron 1.9 millones y en 633 mil hubo alguna consecuencia real de justicia. Partiendo de la desconfianza en las instituciones diseñadas para denunciar delitos con procesos formales que son el primer eslabón de la justicia penal, parecería aún mayor el incentivo para desconfiar del uso de herramientas de negociación ligeras y flexibles, aunque no por ello menos útiles, ante una justicia que parece estar desconectada de la ciudadanía, en crisis y responder más bien según el orden de gobierno, perfil socioeconómico o, de plano, las “palancas”. En 2016 la provincia canadiense Columbia Británica implementó soluciones tecnológicas para resolver asuntos menores. Un tribunal en línea que, además de resolver expedientes, procura sensibilizar a la ciudadanía en sus derechos. Algo que no le vendrían nada mal a México, una válvula de escape a la carga de procedimientos que no necesariamente tengan que poner a funcionar el andamiaje institucional y generar conciencia en la estructura social respecto a sus derechos. Aunque, como dijo Collin Rule, pionero de la resolución de disputas en línea (ODR por sus siglas en inglés): “el problema no está en la tecnología, sino en la resistencia humana”. Lo interesante sería saber las causas de la resistencia ¿pérdida de control de información, de poder, de presupuestos o cierre de espacios discrecionales a partir de herramientas automáticas de ejecución con base en Blockchain o machine learning? Tan solo imaginarlo para México también hace imaginar que las cifras del INEGI serían muy diferentes y los MASC más populares.
Ricardo Coronaricardo.corona@koalsulting.com
