Para que el motor de combustión de un auto funcione y haga que se mueva correctamente es fundamental que cuente con una marcha. Una pieza que tiene la encomienda de convertir la energía eléctrica en energía en movimiento, provocando a su vez la quema de gasolina que desencadena el funcionamiento de todo; sin ella es difícil echar a andar un auto. A su vez, el papel del conductor es fundamental para saber si está funcionando adecuadamente o bien si se necesita algún ajuste.
En una democracia como la del Estado mexicano en la que la voz oficial se ha jactado por años de ser plena, las cosas parecen funcionar de manera similar a ese motor. Una marcha convierte la energía ciudadana en gobernabilidad y gobernanza que desencadena (o debería) el funcionamiento de todas las instituciones amparadas por la constitución. Aquí no hay conductor, pero hay un presidente que juega un papel fundamental para entender cuándo está funcionando adecuadamente y si es que hay que revisar y mejorar algo.
El pasado 27 de noviembre, México vivió una marcha encabezada por el presidente de la república que contó con una participación histórica, sin precedentes. Más de un millón de personas (según cifras oficiales) que, a pesar de reproches por acarreos desde varias entidades del país, por el uso de dinero público para pagar por asistir, por denuncias en redes sociales ante amenazas de despido o cancelación de apoyos sociales, o hasta problemas de salubridad por comida contaminada, se trató de un evento que por donde se le vea fue la nota. Pero ¿en qué se convirtió esa energía ciudadana? ¿en el funcionamiento de las instituciones?
Y es que tanto el conductor como el presidente corren el riesgo de no estar del todo capacitados para atender las necesidades y hay que reconocerlo para atenderlas adecuadamente. Un auto, con los cables defectuosos que impiden el flujo de energía, una batería con los postes contaminados, o de plano ruidos extraños que indican que algo anda mal. En una democracia, una imparable impunidad que impide el flujo del estado de derecho, un a inseguridad que no cesa de contaminar las calles, o de plano gritos ciudadanos que se manifiestan cada vez con mayor fuerza para indicar que algo no está bien.
Hay de marchas a marchas, aunque no por ello dejan de compartir un papel fundamental para que un todo funcione correctamente. Una marcha forzada por opiniones como “vamos bien” sin importar que se trate de un conductor o de un presidente, hace que la gente vea cada vez más cerca el riesgo de quedar varados a la orilla del camino, impidiendo el avance de un automóvil… o de un país.
Ricardo Corona *
ricardo.corona@koalsulting.com
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.