Recientemente se presentó la propuesta de una Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030. Una iniciativa que contempla la Inteligencia Artificial (IA) como motor de inclusión y desarrollo social, económico y educativo, investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento ético, responsable y equitativo. Contiene un catálogo de recomendaciones de política pública para fortalecer el papel de la IA en campos como la educación, mercado laboral; ciberseguridad y gestión de riesgos; género, inclusión y responsabilidad social; infraestructura y datos; innovación, investigación e industria. También apuesta por la integralidad, con un enfoque transversal sustentado en un marco regulatorio robusto y la participación de múltiples actores para lograr las condiciones de gobernanza que requiere el país.
Sin duda es un gran punto de partida para algo que México ha estado gritando a los cuatro vientos al ver lo que sucede en muchas partes del mundo y los avances que se han logrado, pero que aquí no era prioridad. Sin embargo, a dicha iniciativa le hace falta fortalecer la participación de un componente que, si bien se menciona de manera marginal, podría contribuir mucho más en el escenario de éxito que se plantea: el poder judicial. Y es que al referir la palabra gobernanza como uno de los ejes principales, no cabe duda de que en la búsqueda del equilibrio entre los diversos actores públicos y privados, la justicia no puede estar ausente. Pero más aún, que no solo esté para resolver conflictos vinculados con la IA, sino apropiarse de la IA para aprovecharla y contribuir en mejores condiciones de una justicia que al menos los últimos años el país no ha dejado de reportar números preocupantes. No basta que, por ejemplo, empresas con IA lleguen a invertir a México, cuando en algún momento tendrán que enfrentar condiciones de incertidumbre jurídica.
La IA hoy tiene un efecto reconfigurador en casi todos los campos del actuar humano y si bien desde la iniciativa privada avanza, vamos muy tarde en la parte pública. Tan solo basta ver países como Estonia que es la economía 116 con una población del tamaño de la de Tlaxcala, pero desde hace siete años implementa IA en sus servicios públicos incluidos los llamados jueces robot. En general a la ciudadanía o a las empresas no les interesa si la justicia es federal o estatal, si es ley o constitución, si se usa IA u otra tecnología. Al final se busca generar condiciones de gobernanza y para ello la justicia no debe ser una mención marginal porque se corre el riesgo de que un proyecto tan ambicioso e importante para el país, quede como una lista más de buenas intenciones que solo hable, entre otros temas, de IA, derechos humanos, neuroderechos, desarrollo, inclusión, protección de datos personales o transparencia.
