Mucha gente que creció consumiendo cierta música, golosinas, caricaturas o películas, ha visto cómo algunos de esos productos están siendo borrados de la faz de la información por ir en contra de lo que la gente acepta.
Dinámica que los últimos años cobró fuerza hasta consolidarse en el impacto a personas en específico como actores, cantantes, periodistas, académicos, o los llamados “influencers”.
A todos se les ha cancelado la participación de sus ideas o acciones en sociedad por ir en contra. Es la cultura de la cancelación, un movimiento silencia a quien vaya en contra de valores establecidos por la estructura social, de lo que la gente acepte; no obstante, el momento que vive la humanidad con herramientas digitales que hacen más fácil (o deberían) lograr la democratización de las ideas y la inclusión de todos.
Pero no, y diversas voces ya han alzado el tono para alertar al mundo de sus efectos negativos en la libertad de expresión y el libre flujo de ideas y de información.
Sin embargo, a pesar de su aparente eficacia, esa cancelación parece tener un común denominador en cuanto al impacto que genera: afecta preponderantemente a personas privadas.
Gente que con una carrera consolidada tiene que renunciar, le cancelan el contrato o le despiden, le destrozan la reputación con campañas en redes sociales que muchas veces escalan a medios de comunicación. Suponiendo sin conceder que esa cancelación se ha convertido en una herramienta eficaz para eliminar aquello que los valores de la sociedad no permiten ¿por qué no se aprovecha para ir en contra de acciones u omisiones de servidores públicos que atentan a los valores y más aún, a la vida diaria de millones de personas en su salud, educación, seguridad o justicia?
¿Por qué a pesar de que a un servidor público se le exponga con videos, fotos, declaraciones o alguna otra evidencia contundente de su incongruencia con el bienestar social no le pasa nada, no se le cancela y peor aún, parecen abusar del cinismo?
La cultura de la cancelación no tiene una instancia de denuncia formal y en México eso se explica muy sencillo si se atiende a lo que pasa con la denuncia de delitos o de actos de corrupción y los niveles de impunidad que revelan la funcionalidad de esas herramientas formales de denuncia ¿Será que un ejercicio en donde la gente se ajusta a la imposición de los valores que dicte la dinámica del contexto es un barco que México está viendo pasar para la reformulación de sus mecanismos ciudadanos de control al quehacer estatal?
Parece buen momento para pensar en algo que sea igual de eficaz, pero para borrar de la faz del servicio público aquello que la estructura social sabe que va contra sus valores, como si se tratara de una mala caricatura que atenta todos los días al desarrollo del país.
ricardo.corona@koalsulting.com
