A unos días de que se expone el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de su contenido que refiere en voz del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB Alejandro Encinas son “conclusiones preliminares” ya que eventualmente habrá en definitiva cuando concluya la investigación de dicha Comisión, es de resaltar que oficialmente se da un viraje a la narrativa de lo sucedido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 con los muchachos de la Escuela Normal Isidro Burgos mejor conocida como la Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, el concepto vaciado es que se cometió un “crimen de Estado”.
Bajo este concepto, se informa que hubo una concurrencia en la participación de integrantes de la organización criminal denominada “Guerreros Unidos” y de elementos de diversas corporaciones del Estado (policías municipales, el estado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional), así como la participación de autoridades del estado y de la federación que fueron omisos y negligentes porque había claramente evidencias que demostraban que se estaba distorsionando la investigación que debería de llegar a la verdad, la cual fue deliberadamente ocultada y distorsionada.
Queda también en evidencia que hubo conocimiento en todo momento del paradero de los estudiantes desaparecidos por funcionarios del más alto nivel de la federación, así como un evidente contubernio y asociación entre elementos de las diversas corporaciones policiacas y militares con el crimen organizado para la aprehensión, ejecución y desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, posterior a estos lamentables sucesos, hubo la determinación desde instancias del estado de desviar la investigación, alterar escenas del crimen, fabricar y simular diligencias que desvirtuaban la verdad sobre los hechos.
Derivado de lo anterior, se libraron ochenta y tres órdenes de aprehensión entre las que ya fue ejecutada la de Jesús Murillo Karam entonces Procurador General de la República que fue parte de la cúpula en el poder que conoció, tomó decisiones y giró instrucciones a subordinados que incurrieron en acción u omisión de errores deliberados y conductas negligentes en las investigaciones de los hechos delictivos, hubo coparticipación de las autoridades encargadas de procuración de justicia lo cual se inserta como elemento adicional para llegar a la conclusión de que fue un crimen de estado.
Este acontecimiento causó un estruendo internacional, la deducción y acusación social es que fue “el Estado” el orquestador de la matanza y desaparición de 43 jóvenes estudiantes, la disputa mediática de comunicadores defensores del régimen era implacable, el derrocamiento del PRI permitió que se encausará desde la misma autoridad la investigación y se empezaran a destapar cloacas que escondían toda la podredumbre de lo que se hacía desde el poder en avenencia con el crimen organizado.
La detención del ex Procurador y de otros funcionarios que en su momento aportaran más elementos para invalidar esa supuesta “Verdad Histórica” que construyeron para solapar la alianza del crimen organizado con diversas autoridades del más alto nivel y que se daba en todo el país, y que sin importarles la vida de 43 jóvenes estudiantes decidieron proteger el interés de sus negocios vinculados con el narcotráfico aunque ello implicara la barbarie que cometieron, decidida y avalada desde las más altas esferas del poder en el entonces del priista Peña Nieto.
