Durante semanas, la relación entre el Centro Toluqueño de Escritores (CTE) y el Ayuntamiento de Toluca pareció atrapada en un callejón sin salida. Oficios, señalamientos jurídicos y la falta de certeza sobre el futuro de la agrupación generaron un clima de tensión que mantenía en vilo a la comunidad cultural de la ciudad; sin embargo, el pasado 28 de febrero, en una Asamblea General Extraordinaria, los asociados del CTE tomaron una decisión que marca un parteaguas en su historia: aceptar por unanimidad la propuesta municipal de reubicación y colaboración institucional.
Lejos de leerse como una claudicación, el acuerdo debe entenderse como un acto de madurez organizativa y voluntad política. El CTE no solo dijo “sí” a la mudanza; dijo “sí” a una relación bilateral que, por primera vez en mucho tiempo, parece basarse en la corresponsabilidad y no en la imposición. La propuesta del Ayuntamiento, encabezada por la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo, incluye puntos que durante años fueron demandas no atendidas: la integración del Centro a la agenda cultural municipal, la cesión de la Sala Alejandro Ariceaga para sus actividades, el compromiso de publicaciones conjuntas —tres libros en 2026 y ocho en 2027— e incluso la promesa de remodelar el nuevo espacio antes de entregarlo.
Pero lo más relevante no es solo lo que se ofrece, sino cómo se construyó el acuerdo. Hubo diálogo, mesas de trabajo y voluntad de escucha. Y hubo, también, una asamblea que deliberó con seriedad y tomó una decisión colectiva. En un contexto donde las relaciones entre sociedad civil y gobierno suelen estar marcadas por la desconfianza o el verticalismo, este proceso merece ser destacado.
Por supuesto, la decisión no estuvo exenta de matices. Durante la misma asamblea, los asociados fueron claros: aceptar la propuesta no significa ignorar los problemas de fondo. La situación jurídica y fiscal del CTE es compleja. Los estatutos están desactualizados, no hay representación legal vigente y la situación ante el SAT es, cuando menos, incierta. Por eso, junto con el aval a la mudanza, se aprobó también solicitar una reunión con el presidente municipal para plantearle un plazo de seis meses para regularizarse, mientras se firma un convenio transitorio que permita el cambio de sede sin esperar a tener todos los documentos en regla.
En esa misma línea, se acordó presentar al alcalde un proyecto que evidencie los beneficios de una relación de largo plazo: talleres, becas, formación para servidores públicos y tolucanos en general, y servicios culturales que posicionen al municipio como un polo de creación literaria. Es decir, el CTE no solo negocia su supervivencia, sino que propone ser un actor activo en la vida cultural de la ciudad.
No todo fue sencillo. La asamblea también evidenció tensiones internas. La renuncia del tesorero, Alfonso Virchez, por no estar de acuerdo con la cuota extraordinaria de tres mil pesos aprobada para financiar la regularización, es muestra de que los acuerdos también implican costos y decisiones incómodas. Pero incluso eso forma parte de la vida democrática de una asociación civil.
Al final, lo ocurrido el 28 de febrero es una buena noticia para Toluca. Una agrupación con décadas de historia, que ha formado a generaciones de escritores, logró sentar las bases para un nuevo capítulo. No será fácil: los retos administrativos, fiscales y jurídicos son mayúsculos. Ojalá este acuerdo sea el primero de muchos pasos firmes hacia una política cultural basada en el respeto, la colaboración y el reconocimiento mutuo. Toluca lo necesita. El CTE lo merece.
