En diciembre de 1844, el escritor Edgar Allan Poe publicó su célebre cuento “La carta robada”, una historia sobre la resolución de un robo de alto nivel que se resuelve con técnicas de psicología y lógica deductiva, demostrando que, a menudo, la respuesta más simple es la más efectiva. Lo recuerdo ahora porque en México sucede algo semejante en proporción: "México está en riesgo democrático"; lo repiten analistas, politólogos y editoriales como si acabaran de descubrir el agua tibia.
El problema es que esa frase suena a amenaza futura, cuando en realidad describe un proceso que llevamos viviendo al menos dos décadas: la conversión de nuestras instituciones en cascarones vacíos, fenómeno que no empezó hace ocho años.
Me explico. El populismo no es la causa de ese deterioro, sino el síntoma más evidente; llegó porque algo ya se había podrido antes; la ciudadanía aprendió, a base de repetición y evidencia acumulada, que el Congreso, la Corte, los tribunales y los partidos operaban bajo una lógica de simulación. Que la alternancia no trajo menos corrupción, acaso solo una profesionalización del servicio público. Que los contrapesos servían más para negociar cuotas de poder que para realmente frenar al Ejecutivo. Y cuando la gente pierde la credibilidad en las reglas, deja de seguirlas por convicción y empieza a seguirlas por conveniencia. O a buscar otras reglas.
El populismo no inventó la división entre pueblo y élite, esa fractura ya existía. La clase política llevaba años tratando a los ciudadanos como números en una encuesta, como beneficiarios de programas, como público cautivo de nuevos spots. ¿Qué hizo el discurso de 2018? Ofrecer lo que las instituciones ya no daban: reconocimiento, inmediatez y un enemigo claro. No importa si el villano se llama "neoliberalismo" o "fifís”: cuando el mundo se vuelve confuso y las reglas no sirven, un enemigo identificable devuelve la sensación de control.
Aquí, para mí, está el punto incómodo: la mayoría de los mexicanos no está “engañada”; sabe que el gobierno actual concentra poder, que ha debilitado al árbitro electoral, que ha puesto jueces a modo. Lo sabe y aún así lo respalda, porque el costo de oportunidad de defender las instituciones muertas es más alto que el de apostarle a quien promete resultados rápidos. ¿Para qué llorar por el INAI si nunca pudo obligar a transparentar realmente a los gobiernos? ¿Para qué defender al Poder Judicial si la impunidad siempre fue la regla? La lealtad al proyecto dominante no es irracional: es un cálculo crudo: prefiero un arreglo que concentra el poder pero me da certezas inmediatas, a una democracia de mentiras que no me resolvió nada.
Eso explica que las protestas masivas contra la reforma judicial no hayan movido un ápice la aprobación del gobierno. No porque la gente esté contenta con elegir jueces, sino porque ya no cree que los jueces anteriores fueran otra cosa que empleados de un sistema podrido. Cuando la confianza toca fondo, cualquier cambio, por absurdo que parezca, se vuelve plausible.
El riesgo real en México es que ya somos una democracia de baja intensidad donde lo único que se salva es el ritual electoral. Y ese ritual, cada vez más, funciona como refrendo plebiscitario del Ejecutivo, no como mecanismo de rendición de cuentas. El populismo no destruyó la democracia mexicana, simplemente se montó sobre sus ruinas. Y las ruinas, hay que decirlo, las dejaron los mismos que ahora omiten defenderla.
