El pasado jueves 26 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de México abrogó la Ley de Imprenta, datada en 1917, bajo el argumento de que “era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que establecía dicha ley”, según se lee en el dictamen respectivo, aprobado por 470 diputados, pues contenía disposiciones autoritarias en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos propios, por ejemplo, del ejercicio periodístico, expuso el diputado federal Jaime Humberto Pérez al argumentar en favor de la abrogación de esa ley que fue vigente por más de cien años.
El país ha cambiado en cuanto al ejercicio de las libertades civiles y los estándares de convivencia, y aun cuando la Ley de Imprenta no era referente inmediato en las controversias por difamación provenientes de la prensa (salvo la resolución a principios de este año en contra del periodista Sergio Aguayo Quezada por “difamar” al político Humberto Moreira), cierto es que en el presente sexenio federal las expresiones públicas de temor ante las amenazas a la libertad de expresión han alertado a la opinión pública sobre este tema, de ahí que sea una señal positiva la abrogación de esta ley anacrónica que establecía penas por ataques a la vida privada, daños a la moral, al orden y a la paz pública.
Sin embargo, abrogar la Ley de Imprenta no alcanza para decir que se ha actualizado el orden jurídico en esta materia: sigue sin legislarse el derecho de los ciudadanos a tener recursos legales para defenderse ante posibles abusos de la prensa, como tampoco se encuentra disponible la herramienta legal para que la prensa se proteja de todo abuso de poder.
Es indispensable que se desarrolle la norma que regule la relación entre los medios y la sociedad en un contexto de criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información: no por abrogar la ley de 1917 el problema se ha esfumado; es necesario desarrollar los mecanismos de protección para periodistas que siguen siendo víctimas incluso de la forma más radical de censura: el asesinato.
El tema no es menor, pues atañe a las nuevas realidades del México actual, que señalan una clara reivindicación del poder ciudadano individual y en colectivo, tanto como una decidida expansión de los índices de criminalidad por cualquier motivo, dos extremos de la vida pública en México.
Hoy por hoy, abatir la inseguridad es tan importante como garantizar la convivencia social, por eso no basta con abrogar leyes: hay que sustituirlas por instrumentos jurídicos y mecanismos de protección efectivos que den certeza al desarrollo de la vida democrática actual de nuestro país.
