Un sistema judicial independiente es esencial para la impartición de justicia y protección de los derechos humanos.Esta independencia es con respecto de un espectro de actores e instituciones que pueden capturarlo. En México, la captura más obvia proviene de las personas acusadas o demandadas que por medio de sobornos compran a jueces o magistrados para deshacerse de la acción de la justicia. El soborno a integrantes del sistema judicial atraviesa verticalmente a todas las capas económicas de la sociedad, desde las más sonadas, como la protección a “factureros” y otros delincuentes de cuello blanco puestos en libertad, y delincuentes comunes y del crimen organizado, que reparten millonarias sumas de dinero para proteger su libertad. Pero también incluye al campesino despojado de sus tierras acusado de delitos que no cometió, donde el vecino se quiere quedar con su terreno sobornando al juez local. Es conocida también una banda de extorsionadores que sistemáticamente acusan a trabajadores de empresarios o políticos de crímenes que no cometieron, sobornando a jueces para mantenerlos en la cárcel, tratando de extorsionar a sus empleadores so pena del escándalo, teniendo como efecto que cientos, tal vez miles de trabajadores inocentes se encuentren encarcelados. Son comunes también casos de cónyuges que se llevan a sus hijos sobornando a un juez que acusa injustamente a la pareja para mantenerla aislada de sus vástagos.
La corrupción de nuestro sistema judicial es la principal razón de la Reforma al Poder Judicial, donde el Ejecutivo consideró que la mejor cura es la elección democrática de sus integrantes. Son dos las razones por las que debemos apoyar a esta Reforma: por un lado, se considera con justa razón que si un juez o magistrado es electo por la gente, y no por un grupo específico, ya sea político o económico, sino de manera democrática, la rendición de cuentas presionará el actuar de dichos jueces o magistrados. Y esta rendición de cuentas ante la gente se manifestará por un lado, en una elección futura de ese juez o magistrado. Pero por otro lado, es la misma rendición de cuentas como factor determinante de la Reforma, la que estableció un cuerpo de sanción dentro del nuevo sistema judicial, (el Tribunal de Disciplina Judicial) por medio de un grupo independiente de profesionales en la materia, elegidos por voto popular, que tendrá facultades de sancionar y hasta remover a jueces y magistrados que no se comporten de manera justa y ética. En el pasado se había establecido el Consejo de la Judicatura, que estaba también capturado por las personas, y que en muy contadas ocasiones ejerció sanciones contra algún miembro del poder judicial.
La otra independencia que se busca con el nuevo sistema, es del poder ejecutivo. En el pasado, el Ejecutivo proponía una terna al Legislativo para la asignación de magistrados. El presidente de la Suprema Corte presidía el Consejo de la Judicatura, encargado de aprobar nombramientos del resto de los integrantes del poder judicial, lo que de facto tenía como resultado que todo el poder legislativo le debiera su puesto al presidente de la república. En el nuevo sistema los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propusieron candidatos a comités de selección en cada poder, que, de acuerdo con la idoneidad curricular de cada candidato, formaron grupos que posteriormente tuvieron que ser depurados por insaculación, porque eran demasiados los candidatos idóneos para cada puesto. En este proceso se inscribieron de manera espontánea ciudadanos que consideraron cumplir con los requerimientos para ejercer el puesto, y también funcionarios actuales del sistema judicial.
Por supuesto que no creo que exista un sistema perfectamente blindado en su independencia. En el caso de México, la principal crítica emana de la situación actual donde tanto el poder legislativo en su mayoría calificada como el poder ejecutivo pertenecen a la coalición MORENA-Verde-PT, por lo que, aritméticamente, al menos dos terceras partes de los candidatos fueron seleccionados por miembros de dicho partido.
La prueba de fuego para que este sistema cumpla con sus objetivos se dará en las urnas. Se necesita la participación de TODOS los ciudadanos, de todo tipo de filiación. Los partidos políticos, por ley, no podrán participar en la promoción de ningún candidato. Es momento de que nos unamos todos los mexicanos alrededor de nuestra participación en la elección de los miembros de nuestro sistema judicial, para garantizar nuestros derechos de justicia y protección, en pro de un sistema más justo, equitativo y con rendición de cuentas ante nadie más que quienes los elegimos.
