Al inicio de esta administración, nadie se imaginaría que pronto estaríamos entrando a un modelo de substitución de importaciones. Este modelo fue adoptado por México desde la década de 1940, impulsado por políticas económicas posrevolucionarias y la necesidad de fomentar la industria nacional tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente 1982. Aunque sus raíces se remontan a la década de 1930 con medidas proteccionistas iniciales, el modelo se consolidó bajo gobiernos como los de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán Valdés (1946-1952), con un enfoque en aranceles altos, subsidios y control estatal para reemplazar importaciones con producción local, lo que generó un crecimiento económico sostenido de un 7 por ciento promedio anual (conocido como el “Milagro Mexicano”) hasta los años 1970.
El modelo se desechó gradualmente a partir de la crisis de deuda de 1982, provocada por la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo (principal fuente de ingresos para México en esa época), lo que exacerbó problemas estructurales como la ineficiencia industrial, la dependencia de importaciones de bienes de capital, la corrupción en el sistema proteccionista y la falta de competitividad global. Esto llevó a una transición hacia un modelo de apertura comercial bajo el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), con reformas como la adhesión al GATT en 1986 y la liberalización de mercados, culminando en el TLCAN en 1994. El agotamiento del modelo se debió a su incapacidad para sostener el crecimiento sin endeudamiento externo y a presiones internacionales para la globalización. También el modelo generó una economía muy desigual en el ingreso, aunque el modelo de apertura ha estado acompañado de un pobre crecimiento económico.
La nueva Ley Arancelaria coincide con el repunte del proteccionismo marcado por el presidente Trump, pero no es por eso que emerge.
En su Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la desindustrialización de muchos sectores de nuestra economía debido a la competencia desleal de países principalmente asiáticos, planteó una política industrial de protección a industrias básicas, a través de tarifas hacia países con los que México no tiene tratados comerciales. En general, el Plan intenta incentivar la producción de productos que México tiene la capacidad de producir, con la finalidad de fomentar el empleo especializado y de blindar a la economía a cambios de precios internacionales. En particular, se dividió al país en regiones con vocación de producir diversos productos, de conformidad con su situación geográfica, sus recursos naturales, y también humanos. En dichas regiones se plantean parques industriales, polos de desarrollo, con incentivos fiscales que atraigan a la inversión.
Los aranceles de la Ley marcan la primera generación de industrias que necesitan protección para volver a florecer. De las 1 mil 500 fracciones arancelarias revisadas hacia arriba, el sector textil y sus manufacturas ocupa la mitad, y el sector, metal-mecánico ocupa otra cuarta parte. Otro sector considerado es el de calzado y artículos de piel, papel y cartón, y el de muebles y manufacturas de madera.
Esta nueva ley reconoce nuestro avance tecnológico y su necesidad de ser protegido para consolidarse, ya que el sector de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, maquinaria, aparatos eléctricos y sus partes, vehículos automóviles, tractores, instrumentos, aparatos de óptica, de precisión, y medico quirúrgicos ocupan un 15 por ciento de las fracciones arancelarias revisadas.
Un fenómeno que es de resaltar es que cerca del 80 por ciento de los aranceles propuestos fue modificado a la alta o a la baja, en consideración de comentarios de todos los sectores afectados. En particular, tanto la Secretaría como la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados hicieron un gran trabajo de balanceo entre beneficios y costos de cada revisión tarifaria, con el consenso de empresarios, ciudadanos y académicos.
Esta es la primera revisión de nuestros aranceles como instrumento de política industrial, donde se revisaron apenas cerca de 1 mil 500 de las 9 mil² fracciones arancelarias. Ha priorizado los sectores más afectados por las malas prácticas del libre comercio. Pero será necesaria la revisión de todas las fracciones, ya que existen muchos otros sectores que necesitan ser estimulados para un México más productivo, fuerte e innovador.
La atracción de la inversión nacional, que conforma la mayoría de la formación bruta de capital de nuestro país, que es un factor indispensable para este Plan, iniciará cuando se despejen las nubes de incertidumbre de las negociaciones del T-Mec, pero la certeza de esa inversión está firmemente cimentada en esta ley, que atendió las necesidades más importantes de los sectores estratégicos protegidos contra la depredación de las malas prácticas internacionales.
