Si usted entra al portal digital del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –INAI– encontrará que: “es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicites. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información”.
Para garantizar ambos derechos, el INAI se esfuerza por: 1) “Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; 2) promover el pleno ejercicio de [ambos] derechos […], así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas; 3) coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales; y, 4) impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.
Echo mano de la literalidad –escrita– del fin y quehacer del INAI, para no dejarme llevar por ningún tipo de sesgo y destacar la importancia que este órgano de la democracia tiene en los ámbitos individual e institucional. Dicho brevemente: sin el INAI, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la justicia son imposibles de alcanzar. Así de simple, así de claro.
Por ello, AMLO y sus secuaces del Senado lo traen entre ojos. El propósito es desaparecerlo. Les urge inhabilitarlo para continuar haciendo y deshaciendo a sus anchas bajo el manto de la impunidad. Hay que matarlo ya, para evitar que nos enteremos de las tramas de corrupción que rodean al caso Segalmex, la construcción de Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya, el rescate financiero de Pemex y la CFE y, si me apuran, de las fuentes de financiamiento de la sucesión presidencial.
