Dicho brevemente, un acto moral está compuesto por tres partes: 1) la intención o finalidad de la acción; 2) los medios empleados y las circunstancias que la rodean; y, 3) los resultados y efectos que provoca.
Estos elementos son un “combo” que funciona gracias a su interdependencia. No basta tener una buena intención si los medios para realizarla son ilícitos u opacos, o sus efectos van a derivar en un daño para alguien. Va un ejemplo para clarificar mejor el asunto.
El 18 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto presidencial que declaraba: “Tren Maya como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”, son obras de infraestructura federal “de seguridad nacional e interés público”.
Queda claro que las obras son de interés público, especialmente para los desplazados, ambientalistas y quienes pagamos los impuestos con las cuales se construyen, pero no resulta tan evidente que sea una cuestión de seguridad nacional.
Sobre este punto particular, el decreto señala que las obras anticipan riesgos y amenazas, amparan al conjunto social, involucran a los sectores e instituciones que las gestionarán y contribuyen a “garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecen un modelo de seguridad con profundo sentido humano”.
Si esto último fuera así, ¿por qué la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto? A mi entender, por una razón legal con trasfondo moral.
La ilegalidad se desprende de “trasgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda”. La falla ética resulta clara si la vemos desde la estructura del acto moral.
La intención de AMLO es etiquetar sus “megaobras” como asunto de seguridad nacional, para no rendir cuentas a nadie y tener carta abierta para usar los recursos públicos –y destruir los naturales– como le venga en gana, sin responsabilizarse por los efectos económicos, sociales, legales y medioambientales que se desprendan. Su decreto, aunque él diga lo contrario, encarna la renuncia explícita a un desempeño gubernamental ético y transparente.
Irritado por la respuesta, mandó un nuevo decreto que la Corte aún no ha contestado. Su tozudez no espanta. Lo que sí asusta, y mucho, es que ahora cada nuevo berrinche será por decreto.
