Llegué a pensar que el Zócalo se vendría abajo con el griterío. Convencidos, enajenados y acarreados, festinaban por anticipado la materialización de las cien promesas de campaña. Cuerpos y corazones vibraron en aquel acto de fe.
Embriagado de logro, el Presidente pregonó: “Se hará realidad el derecho a la salud. […] Poco a poco se irá armando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”.
A inicios de 2020 insistió en su promesa: “El primero de diciembre de este año va a estar en funcionamiento el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otros países del mundo, como Dinamarca, a eso aspiramos, como Canadá, como Reino Unido, es un desafío”.
Para ello mató al Seguro Popular y parió un nuevo engendro: el Insabi. Además de brindar servicios de salud de “primer mundo”, serviría para “limpiar el sistema de salud de la corrupción [porque] diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas caducas, adulteradas y con sobreprecio”.
Como dice un buen médico y amigo, el Seguro Popular, en el papel fue una gran idea. Permitió financiar, de manera descentralizada, el acceso a ciertos servicios de salud a una parte de los más de 50 millones de personas que carecían de ellos. Sin embargo, en la práctica falló, porque –dijo AMLO– “no fue seguro, ni popular”. Lo usó quien pudo pagar consultas y medicamentos.
Con sus más y menos, en 2016 y 2017 la Federación destinó al Seguro Popular el 0.82% del PIB. En 2021, el Gobierno asignó el 0.79% al Insabi, para atender a 13 millones más de usuarios de los que atendía en 2019. Nació y murió en estado de coma.
Ahora que los beneficiarios del Seguro Popular serán absorbidos por el IMSS-Bienestar, éste deberá atender a 80 millones de derechohabientes, con 200 mil millones de pesos menos de los que requiere para poder atenderlos.
Más allá de la promesa incumplida, esta nueva tontería presidencial impactará a miles y miles de inocentes, que perecerán sin haber hecho realidad su “derecho a la salud”.
De esta infamia tampoco se sentirá –ni hará–responsable el Presidente.
