Antes de emitir juicios absolutos sobre cualquier tema, así sea con la mejor de las intenciones de cambio, es necesario abrir la mente y prepararnos para revisar el alcance de nuestras ideas.
Sirva de ejemplo un estudio recientemente elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, denominado “Percepciones de inequidad y Movilidad Social en México” en el cual analizan a través de entrevistas en principales ciudades, cómo dimensionamos la desigualdad, la pobreza y nuestras posibilidades de incidir en la mejora de la calidad de vida de otras personas; encontrando grandes diferencias entre la forma de pensar de las personas de los segmentos de mayor riqueza y los de mayor pobreza.
El estudio muestra especialmente que la visión para lograr una sociedad más equilibrada es desigual; es decir, las personas con más riqueza en México no están dispuestas a pagar más para lograr más equilibrio y mejor distribución de la riqueza y las personas de los sectores pobres, con tal de eliminar la pobreza y la desigualdad se disponen a aportar mucho más.
Las percepciones son importantes, según explica el estudio, porque con base en ellas se determinan las preferencias y demandas políticas de las personas, lo que estaríamos dispuestos a hacer para avanzar, pero resulta evidente que aunque los mexicanos si deseamos vivir en un país menos desigual y dinámico, no todos estamos dispuestos a redistribuir los costos para lograrlo, en proporción a nuestras capacidades y es ahí por ejemplo donde tendríamos que disponernos a cambiar el enfoque.
El reto que plantea el provocador estudio es más allá de políticos “preguntarnos no sólo cómo sería el México en el cual queremos vivir en el futuro, sino también cómo acercarnos a estas sociedades soñadas, pero lejanas, en la práctica, de una forma más justa y equitativa”. Ojalá. Tenemos mucha tarea.
Otro ámbito en el que hace falta una revisión con sensibilidad, es respecto a la iniciativa de reforma legislativa que pretende fusionar 18 organismos y entidades federales en México, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), pues aseguran expertos que esta reforma sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sostienen que también contraviene las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité de Derechos del Niño en 2016, donde se reconoció el gran avance que representa el SIPINNA para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, y se pidió fortalecerlo. Retoman, por si fuera poco, el llamado de UNICEF México al gobierno para realizar un debate abierto sobre los aportes del SIPINNA y cómo mejorar sus funciones. Ojalá hubiera sensibilidad para revisarlo.
