El delito de violación involucra a 1,764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil, mientras que los tocamientos y manoseos ofensivos llegan a 5,089 casos en esa misma proporción, según la encuesta de “Ecopred” del Inegi.
Asimismo, un estudio de la OMS señala que el impacto del abuso sexual en la infancia explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión; 6% de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas; 8% de los intentos de suicidio; 10% de los casos de trastorno de pánico, y 27% de los casos de trastorno de estrés postraumático.
El abuso sexual infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado para su desarrollo físico, emocional y cognitivo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Una práctica normalizada hasta hace poco tiempo cuando las niñas menores de 16 años eran casadas con personas adultas.
Dada la cultura patriarcal y la violencia normalizada, la capacidad de las víctimas para denunciar actos de violencia sexual es limitada; por lo que, uno de los principales obstáculos legales era la prescripción, es decir, la imposibilidad de iniciar un proceso penal por un delito después de cierto periodo de tiempo.
Garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como su derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, tal y como lo establecen diversos tratados internacionales de los que México es parte, es una obligación de Estado.
Por lo que, recientemente, se han dado importantes pasos en la legislación para abordar esta problemática.
En octubre pasado, se publicó una reforma al Código Penal Federal que establece la imprescriptibilidad de las sanciones relacionadas con delitos como la lenocinio, pederastia, turismo sexual, pornografía infantil y corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
Esta reforma marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de estos delitos.
En Tamaulipas, desde abril de 2022, a iniciativa del diputado morenista Humberto Armando Prieto Herrera, la no prescripción de la acción penal contra los delitos citados es ley vigente en Tamaulipas.
Sin embargo, más allá de las penas disuasivas, es fundamental transformar la cultura que permite estas conductas delictivas, las cuales no se limitan a agresiones sexuales; son una de las manifestaciones más violentas de un sistema patriarcal que perpetúa asimetrías de poder, proporcionando placer a aquellos que buscan someter a otras personas.
La no prescripción de la acción penal contra agresores sexuales de menores es un importante paso para garantizar a niños, niñas y adolescentes una vida libre de violencia, ya que permite que las víctimas tengan la posibilidad de buscar justicia en cualquier momento, otorgando el tiempo que requieran para enfrentar a su agresor. Además, envía un mensaje claro de cero tolerancia a la impunidad.
No obstante, la verdadera garantía de acceso a una vida libre de violencia está en la transformación cultural.
