Entre 1993 y 2003, los feminicidios se duplicaron en relación con los asesinatos de hombres ocurridos en Ciudad Juárez. Según datos del Estado mexicano, hasta el 2001 se habían registrado 264 homicidios de mujeres y hasta el 2003, un total de 328.
No obstante, otras fuentes reportaron hasta 442 mujeres y niñas desaparecidas, torturadas y asesinadas, entre ellas, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero.
Las familias del conocido caso “Campo algodonero” denunciaron que las autoridades las revictimizaron y culparon a las jóvenes asesinadas de su propia desaparición. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las autoridades mexicanas no habían aplicado la perspectiva de género al actuar de manera deficiente bajo prejuicios sexistas y estereotipos de género. Esta falta de análisis de las desigualdades de género derivó en investigaciones lentas y deficientes que perpetuaron la violencia y propiciaron impunidad en cientos de feminicidios posteriores.
Por lo anterior, la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a diversas acciones, entre ellas, implementar capacitaciones en perspectiva de género, entendida como un método de análisis que incorpora como factor destacado el género con el objetivo de identificar y desechar los mecanismos de opresión que están presentes en los casos que resuelven los tribunales.
Actualmente, un gran número de jueces, juezas, fiscales y ministerios públicos, de todo el país, aún carecen de los conocimientos necesarios para aplicar la perspectiva de género. Como resultado, siguen realizándose investigaciones, audiencias, desahogo de pruebas y resoluciones judiciales sin este enfoque, reproduciendo desigualdades y afectando gravemente el acceso a la justicia para las mujeres.
Ante esta realidad, es afortunado que la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, haya asumido con convicción plena que formar juzgadoras y juzgadores con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación. Un compromiso que —como ella ha señalado— debe guiarnos hacia una justicia más humana, sensible y verdaderamente accesible para todas y todos. Es así como, el pasado 26 de noviembre, anunció la meta de certificar, en un plazo no mayor a 90 días, a todas las juezas y todos los jueces en perspectiva de género.
Además, en aras de abonar a la lucha contra el hostigamiento y acoso sexual, anunció la activación del Buzón Naranja, un mecanismo electrónico para que cualquier mujer del Poder Judicial de Tamaulipas pueda denunciar situaciones de esta naturaleza que ocurran en la institución, con el fin de garantizar que el Poder Judicial sea un espacio digno y seguro, donde se escuche y proteja a las mujeres.
En el marco del 25N y los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el mensaje es claro: la violencia de género no se combate solo con marchas o conmemoraciones, sino con compromiso y acciones concretas desde las instituciones. Porque sin perspectiva de género no hay justicia posible, ni garantía para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas.
