No podrán participar en ninguna elección popular, federal o local, los agresores condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bajo esta premisa, el alcalde victorense Eduardo Gattás, el secretario Hugo Reséndez, el tesorero y funcionarios municipales involucrados en la evidente violencia política en razón de género contra la regidora morenista Adriana Béjar Flores, están en una cuerda floja que los podría dejar fuera de las contiendas electorales de 2027.
La síndica Lili García Fuentes, con sororidad, ha exigido que se le pague a Béjar lo mismo que al resto de los integrantes del Cabildo de Victoria, manifestando que este atropello es un claro acto de discriminación que dañar el patrimonio de la edil y busca inhibir sus intervenciones críticas en las sesiones de cabildo.
Esta estrategia de Gattás, Reséndez y compañía, parece no hacer mella en la Dra. Béjar, sus valores, sentido de honestidad y ética profesional la blindan ante estas deplorables presiones políticas.
Un caso semejante de fue el de la regidora de Tecamachalco, Ruth Zárate, quien, en 2015, por órdenes del alcalde Saturnino, en sesión de Cabildo, el tesorero municipal le arrojó 209 mil pesos en billetes de baja denominación: ocho meses de salario que habían sido ilegalmente retenidos para castigarla por ejercer su cargo.
Ese acto se plasmó en lo que, en 2020, se tipificó en el Artículo 20 Bis, fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: limitar o negar a una mujer los recursos o prerrogativas necesarias para desempeñar su cargo. La sanción prevista es de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa, pena que aumenta en un tercio cuando la agresión es cometida por un servidor público, como el presidente municipal.
Dos historias separadas por ocho años y, geográficamente, por casi 700 kilómetros, con un común denominador: alcaldes que utilizan los recursos públicos como arma política para someter a mujeres fuertes y honestas que no se pliegan a sus decisiones.
Si bien, la demanda de la doctora Adriana Béjar (TE-JDC-31/2025) por la retención de su bono trimestral durante tres periodos de 2025, ya está en Tribunal Electoral, en la ponencia de la Magistrada en funciones Selene López; la víctima puede buscar la protección más amplia de sus derechos y presentar una denuncia en el Instituto electoral local (IETAM). Ambas vías son complementarias.
El IETAM, además de investigar, puede dar vista a otras autoridades y aplicar medidas cautelares para evitar mayor daño económico; por lo que puede ordenar el pago inmediato de los bonos retenidos, que cese cualquier retención o retraso en futuras remuneraciones o prestaciones y ordenar que se abstengan de continuar con actos de hostigamiento económico, instruyendo que se eviten nuevos actos de presión económica, modificar horarios, cargas, funciones o recursos asignados a la víctima.
Si se acredita la violencia política, Gattás y su equipo no solo deberán pagar lo retenido, también podrían quedar fuera de las elecciones de 2027. La violencia política en razón de género ya no es un costo de la función pública, es un delito que descarrila carreras de alcaldes y funcionarios violentos contra ellas.
