La frontera del proceso electoral federal se ha desdibujado con los llamados procesos políticos internos del Frente Amplio por México y de la Defensa de la Cuarta Transformación que han presionado la balanza de la equidad en la contienda.
Con la sentencia SUP-JDC255/2023 y SUP-JE-1423/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, se diversificaron las posiciones en el pleno del Consejo General del INE.
La opinión más discordante fue la de Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada de elaborar los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos ordenados por la autoridad jurisdiccional.
En análisis de Zavala se da a la luz de la reforma de 2007, cuyo génesis fue la elección presidencial ganada por Felipe Calderón con una ventaja de apenas medio punto porcentual y bajo acusaciones de inequidad en la contienda.
No se está ante procesos inéditos, como lo dice el Tribunal, sino ante un fraude a la ley que vulnera el principio de equidad en la contienda, las actividades proselitistas que se pretenden normar con los lineamientos, corresponden a un periodo que no está contemplado en la Constitución ni en la ley electoral y, de manera categórica, señaló los llamados procesos inéditos, simplemente, no existen.
Los que sí existen son procesos electorales que se llevan a cabo conforme a la ley o, por el contrario, fuera del marco de la ley, a los que llamó proselitismo encubierto.
De ahí el disenso de Zavala, quien señaló que en la sentencia la prolibertad es la base fundamental, pero deja de ver todo el sistema, pues no se valora que no solo existen los partidos, también hay candidatos y candidatas independientes que tienen un proceso previo para poder generar sus apoyos para poder postularse y tampoco no se valora el sistema de precampañas que fue diseñado con la intención legislativa de poder entrar en estos procesos políticos de definición de candidaturas.
Por otro lado, el complejo sistema de fiscalización que funciona para controlar ingresos y egresos con precisión suiza, tampoco se considera.
En el mismo sentido, la magistrada Otálora en su voto particular señaló que lo procedente era ordenar la suspensión de los actos realizados al amparo de la convocatoria del Frente Amplio y, ordenar al INE que investigue los presuntos actos de promoción personalizada que las partes actoras denuncian, con base en su responsabilidad de organizar y supervisar que los procesos electorales se desarrollen apegados a los principios constitucionales en materia electoral, como la equidad en las contiendas, pilar fundamental que busca garantizar que todas las fuerzas políticas y candidaturas tengan condiciones justas y equitativas para competir.
La transparencia, la imparcialidad y la rigurosidad en la fiscalización serán fundamentales para asegurar la legitimidad de los resultados electorales y para preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Salvaguardar la integridad del proceso electoral en México pasa por el reto que enfrenta el INE: conservar una equidad electoral que ya se encuentra al límite.
