Sin duda traía muy a flor de piel el gobernador Enrique Alfaro el asunto del juez José Enrique Velázquez quien liberó sin muchos argumentos al Chofo, presunto cabecilla del cártel Jalisco en Lagos de Moreno y quien a su vez casi enseguida asesinó a uno de los guardianes que lo capturaron. Al ventilar el asunto ante la CONAGO y ante el presidente López Obrador, quizá dio Alfaro la primera gran clarinada de su sexenio ya que de paso dio pie al mandatario nacional para mostrar la gran coincidencia entre ambos en cuanto a que, si de impunidad se trata, su principal razón se encuentra precisamente en las vastas cloacas del Poder Judicial.
Esta cuestión, claro, puede significar un parteaguas interesante si, como parece, no se suelta el propósito de dar una buena espulgada entre los jueces y magistrados que de mucho tiempo atrás hacen de las suyas y no tienen reparo ni contrapesos para abrir las puertas de las cárceles a los delincuentes, quizá, se dirá, en algunos casos por intimidaciones, pero, tal vez la mayoría de las veces, por encontrar ahí la fuente de una riqueza sin límites. Y esto incluye, seguramente, toda clase de hampones entre los que figuran los de “cuello blanco”, los del orden común, fraccionadores sin escrúpulos y muchos más. La lista de la tarea echada a cuestas no termina, pues, en capos y malandrines.
Alfaro movió y removió las aguas turbias que se dan, eso sí, aquí y en cualquier parte. De su interés manifiesto, surge una posición interesante para Jalisco ante el hecho de formar parte destacada de esa mesa propuesta con la Secretaria de Gobernación, Judicatura Federal y área jurídica de Presidencia. Ahora, se dice, se sumarían otros gobernadores e, incluso, de los mismos tribunales en los estados. Y lo que son las cosas, del mal ambiente entre presidente y gobernador jalisciense, pasamos a una condición muy diferente en la que a Alfaro ya nadie le podrá regatear una iniciativa que había ya expuesto a nivel local con insistencia pero que ahora trascenderá nacionalmente. Que tome nota de ello Carlos Lomelí -¿alguien lo ha visto por ahí?-, que al entrar la administración se quiso pasar y propasar con aquello de que aquí nada más el sería interlocutor con López Obrador. Hecho a un lado materialmente, Lomelí ve menguar sus aspiraciones personales y hasta una importante cadena televisiva nacional le dedicó amplio espacio a cuestionar su papel de superdelegado y abastecedor de medicamentos al sector público.
El apoyo a la propuesta de sanear (tarea que se antoja imposible) al sector judicial, fue motivo para que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se pronunciara más por combatir corruptelas y recordó que en los cuatro meses de su gestión, ha atacado a fondo el problema con investigaciones y procedimientos disciplinarios. De esto hay que darle crédito ya que en poco tiempo no se esperó para cesar al juez Anuar González en Veracruz, quien había dejado en libertad a uno de los tristemente célebres porkys. Por otro lado, Zaldívar también tiene que justificarse ya que su afinidad con el presidente lo llevó a aquella prohibición -que hizo casi pública una magistrada aquí en Jalisco- de que ningún juez ni magistrado osara tocar, ni con el pétalo de un comentario, en forma negativa a López Obrador, bajo clara amenaza de consecuencias. Ojalá y en vez de ello igual se hubiera anticipado un poco más al asunto de fondo en la judicatura: la corrupción.
A nivel estatal también es sabido que una estructura forjada en el Tribunal Superior a base de magistrados introducidos de la mano de gobernadores, secretarios de gobierno, partidos políticos e influyentes y poderosos personajes de la vida política y judicial, y que ha dejado atrás a jueces con méritos para llegar a ese cargo, no conduce a nada bueno. Vamos, el botín es tan grande que sin duda los treinta y tantos magistrados se disputan desde direcciones hasta cualquier puesto menor administrativo. Los presidentes del Tribunal, así, no es raro que arriban al mando supremo a base de esa clase de negociaciones.
Lo importante, ahora, es que en realidad Alfaro muestre, en la arena del país, que sí tiene la capacidad para lograr lo que él llama “refundación”, cosa que tampoco podría lograr si se aferra a la idea de que es él quien debe proponer magistrados, como lo propone el diputado Salvador Caro y que nadie pensaría que anda formulando iniciativas de ese nivel de motu proprio. Pero si quiere empezar a señalar, tiene no solamente en casos de delincuencia organizada los ejemplos más claros. También hay que atacar otros frentes y para ello es tiempo que a algunos magistrados del TAE se les acabe ya tanta arbitrariedad y negocio impune.
En estos días se realizó un importante foro sobre federalismo, al que asistió con interés el senador Ricardo Monreal, y que, a no dudarlo, puede tener una buena interpretación en el papel asumido por Alfaro. A fin de cuentas, los estados deben hacer valer su autonomía dando vigencia a un poder pactado con el gobierno central. Jalisco, cuna de federalistas como Prisciliano Sánchez y Mariano Otero Mestas, está en posición de emprender la complicada y difícil tarea de impedir siga carcomiendo a la sociedad una judicatura corrupta en ambos niveles. Así, si esto pasa, muchos empezaremos a dar valor a palabras como refundación y transformación. La justicia es, sin duda, el mejor comienzo.
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