Aquel clamor de justicia en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 21 de agosto de 2008 no podrá ser jamás olvidado. Alejandro Martí había sufrido el secuestro de su hijo Fernando, apenas adolescente, por quien pagó rescate (6 millones de dólares, se dirá lo de menos para un empresario) y, pese a ello, encontrarlo sin vida en la cajuela de un auto. Ese día estremeció el salón en el que las palabras del también activista social retumbaron al dirigirse a los más altos funcionarios -presidente Felipe Calderón y secretario de seguridad Genaro García Luna, entre ellos-, para reclamarles: “si no pueden, renuncien”. Se detuvo así a algunos cómplices de la llamada banda de la Flor y lo demás es lo de siempre, lo de hasta ahora, investigaciones, presuntos culpables, pero nada, absolutamente nada de fondo. Los señalamientos de Martí siguen por ahí flotando, cada vez que hoy la secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez presume con desfachatez de imitadora de su jefe, su trabajo de “construcción de la paz” o que los altos mandos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional dan cuenta de incontables detenciones y actos para acabar con la “impunidad”. Sin embargo, los hechos no mienten y el hampa simple y llanamente se ha apoderado del país, lamentablemente.
Cerca, ya muy cerca estamos de la recta final de toda una administración que prometió mucho, que gastó más y que encumbró el poder de una dócil y manipulable políticamente hablando estructura militar aunque la verdad prosiguen las actitudes de una protección irrestricta, de no dañar la “imagen” de las fuerzas castrenses pese a la contundencia con la que el denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes significó en su sexto -y último- informe el ocultamiento de información en torno a los sucesos de Ayotzinapa por parte de las fuerzas armadas. La pronta, enérgica reacción presidencial llevó hasta a asumir una declaración de “comandante supremo”, tipo Castro Ruz, para desdecir el señalamiento y asumir que se trataba de acusaciones falsas y sin fundamento. “Cero impunidad”, dice tajante el presidente, pero al Ejército ni con el pétalo de una rosa.
Ni qué decir del informe de la titular de la DEA, Anne Milgram, que ante la comisión de Justicia Federal de la cámara baja del Congreso norteamericano, indicó que ya el “ejército” de involucrados sólo en los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, llega a unos 45 mil sujetos que operan en casi la mitad del mundo. ¿Cómo enfrentar esta fuerza criminal tan poderosa? ¿con palabras, con abrazos, con discursos, con algunos cientos de mañaneras? Cuando en Estados Unidos hablan del tema lo manifiestan claramente como un tema prioritario de seguridad nacional. Aquí, la respuesta desde el podio presidencial es igualmente inmediata y hasta ríspida: “que me lo prueben”. Y, en otro orden, se ve que tampoco debe haber mucha complacencia en el gobierno norteamericano porque ya quedó demostrado que por México pasan los reactivos del fentanilo. Lo que es más, AMLO aprovechó su visita a Tepic para recontra afirmar que ya bajan drásticamente homicidios y demás delitos, lo que se oyó tan pero tan poco verosímil como la lisonja del gobernador nayarita Miguel Angel Navarro que sostuvo “porque yo sí lo digo” que este año su estado tendrá servicios populares de salud “de lo mejor del mundo”. Claro, mientras esto sucedió, decenas de periodistas en el exterior de donde se efectuaba la “mañanera”, clamaban por el tema del asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, sumado a una lista que sólo este año suman más de los muertos en la guerra de Ucrania.
No deja de ser grave, quizá demasiado grave que, en aras de defender una supuesta imagen o la de un régimen que se enviste de transformación, no se hable con objetividad y pese a su cercano fin no acepte lo que está en voz de todos: la política federal en materia de seguridad ha fracasado rotundamente. Alejandro Martí resultó ser un parteaguas en esto de ir en busca de la verdad, aunque, pese a la energía de su reclamo y con el dolor a cuestas, vio que los secuestros fueron aumentando en el país. Casi 12 mil de ellos en el gobierno de Peña Nieto. No obstante, hoy en día se estiman al menos cinco secuestros diarios, según datos de investigadores de la UNAM.
Ojalá todos aprendamos la lección de Martí, quien murió sin conocer la auténtica justicia para su hijo ni la anhelada paz del país. Por ello hay que guardar su memoria ya que, como él, quizá miles o millones piensan como él, cansados de ver tantas fallas, fracasos y malos o pésimos mandos en los programas de seguridad nacional. Alejandro se atrevió y lo dijo frente las autoridades más altas de la nación, como tal vez lo volviera a decir fuerte y claro: “si no pueden, renuncien”. El sí, por lo menos, descansa en paz.
