España lleva décadas conviviendo con la corrupción política como si fuera un rasgo estructural de su sistema democrático. Lejos de ser un fenómeno coyuntural ligado a un partido o a una época concreta, los escándalos se han sucedido con una regularidad que desafía cualquier promesa de regeneración. Lo que cambia con el tiempo no es la corrupción en sí, sino el partido en el poder y los nombres de los imputados.
Durante décadas, los dos grandes partidos del arco político español, PP y PSOE, han protagonizado distintos episodios de corrupción sistémica. En el caso del Partido Popular, la magnitud del daño quedó certificada judicialmente: el llamado caso Gürtel presentaba contrataciones amañadas a escala nacional, autonómico y local, hasta tejer un auténtico sistema de corrupción institucional. Aquella sentencia histórica de 2018 precipitó la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del Gobierno. Mientras, en el PSOE de Andalucía el llamado caso de los ERE, a pesar de su gravedad, pasaba casi desapercibido.
Pedro Sánchez, del que se tienen evidencias de que amañó las primarias para ser elegido secretario general del PSOE, llegó a la presidencia del gobierno en 2018 enarbolando precisamente la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Años después, su Gobierno enfrenta una cascada de investigaciones que erosionan ese relato fundacional. España cierra 2025 con una decena de casos de presunta corrupción que mantienen en vilo al PSOE: caso Koldo, caso Begoña, caso Cerdán, caso Ábalos, caso Leire, caso David Sánchez y caso hidrocarburos, entre otros. Con el PSOE, el Tribunal Supremo llegó a condenar formalmente al fiscal general del Estado. Y ahora sigue el expediente Zapatero que, en comparación con los demás casos, los convierte en irrelevantes.
Más allá de los nombres y las tramas concretas, los analistas señalan varias causas estructurales que permiten que la corrupción se reproduzca con independencia del partido gobernante. La opacidad en la contratación pública, la debilidad de los mecanismos de control interno de los partidos, la lentitud de la justicia, que permite que las causas se prolonguen durante décadas, y la instrumentalización política de los órganos reguladores forman un bioma propicio para el abuso. A ello se suma una cultura política en la que la lealtad al partido suele primar sobre la ética pública, la fidelidad al “jefe” se valora más que la fidelidad a la institución, y donde la rendición de cuentas llega, cuando llega, más por presión judicial que por impulso propio.
El problema no es sólo judicial ni político: es también cultural. Mientras la ciudadanía siga asimilando la corrupción como el precio inevitable del sistema, y mientras los partidos continúen cerrando filas en torno a los suyos antes de abrir paso a la transparencia, la herida seguirá abierta. La pregunta que recorre la vida pública española no es si habrá nuevos casos, sino si las instituciones tendrán la voluntad y la independencia suficientes para hacerles frente con igual rigor, independientemente de quién esté en el poder.
