Cuando se anunció la llegada de Josefina Morales a la dirección de Soapap, la expectativa para que pusiera orden a las finanzas y de paso a la relación con la concesionaria Agua de Puebla para Todos era muy alta. Cinco meses después, la realidad es totalmente diferente, y las quejas de los usuarios van en aumento.
El servicio domiciliario es cada vez más deficiente, y la instrucción del corporativo es precisa: ya nos vamos, así que a estas alturas tampoco importa mejorar, y mucho menos hacer las inversiones en infraestructura como está escrito por contrato.
A diario a nuestras ediciones matutina y vespertina de los Telediarios, llegan decenas de mensajes donde los ciudadanos denuncian las deficiencias de la empresa, que van desde falta de abasto, cobros indebidos, hasta fugas en vía pública.
Es evidente el descuido del personal, pero también la falta de exigencia por parte de la ex titular de Finanzas, que lejos de pedirles mayor atención, guarda un silencio cómplice y hasta ha llegado a defenderlos públicamente.
El gobernador Alejandro Armenta ha externado su molestia con la falta de resultados, porque el tema del agua podría ser utilizado políticamente en el proceso electoral del próximo año si no se resuelve de manera satisfactoria.
Lo que más genera rabia social son los cortes de agua potable y drenaje, que de manera arbitraria hace Agua de Puebla en distintos sectores de la zona metropolitana, porque es un derecho humano consagrado en el artículo 4 constitucional, que tiene jurisprudencia.
Hacerlo es materia de responsabilidad administrativa, pero además constituye la comisión de un delito, y en todo caso la responsabilidad es de quienes lo ordenan y lo ejecutan.
Actualmente a manera de revancha contra los poblanos, la concesionaria ha ordenado el corte masivo de los servicios, quienes presenten adeudos sin importar que carecen de sustento para hacerlo.
Lo que es un hecho es que brinda un pésimo servicio, ya que no puede hacerlo ni siquiera con la presión y la calidad de cuatro días a la semana, como se comprometieron en su tercer Convenio Modificatorio a su Título de Concesión.
Por supuesto que los usuarios están en su derecho de recurrir al juicio de amparo, y hasta las denuncias penales para evitar esta facciosa estrategia que pone en peligro la salud y la vida de los poblanos.
Mientras tanto, Jordi Bosh anda de vacaciones en Europa
