Son las cinco de la mañana. Eduardo camina por la calle Guerrero, en Nuevo Laredo, rumbo a la línea. Cruza todos los días. Trabaja en Laredo, Texas, donde es montacarguista. Es el 30 de mayo de 2012, va con su mochila en los hombros donde carga su ropa de trabajo.
Una Dodge Caravan guinda se detiene a su lado. Bajan dos hombres. Uno, el gordo, saca un arma corta y le da tres cachazos en la cabeza. Eduardo cae. Lo patean en el piso. Antes de que pueda reaccionar, le meten una bolsa de plástico en la cara.
Lo suben a la camioneta. Lo llevan a una casa de seguridad. Ahí le arrancan la ropa y le gritan que enseñe los tatuajes. Es un ritual de antaño: así se buscaban las marcas del Diablo en el cuerpo de una bruja. Aquí buscan otra: quieren saber si es Zeta.
No importa lo que responda. El plan ya estaba trazado antes de que abriera la boca: “yo escuchaba que tenían que juntar 22 personas para mocharles la cabeza y aventarlas al cuartel”. Eduardo es uno de 13 hombres secuestrados esa noche en Nuevo Laredo por el Cártel del Golfo. El plan es degollarlos, dejar los cuerpos en un cuartel. Dejar la firma de quién manda en la plaza. La Marina llega antes. Rescata a 13, pero faltaban 9.
Detrás de esa cacería hay una traición vieja. Los Zetas habían sido, durante más de una década, el brazo armado del Cártel del Golfo: exmilitares que un día decidieron trabajar para el narco. La ruptura llegó a inicios de 2010, cuando Los Zetas exigieron al Golfo entregar a los responsables de matar a uno de sus mandos en Reynosa. El Golfo se negó. Ahí empezó la guerra entre los que, dos años después, mandaron secuestrar a Eduardo.
Ese testimonio lo encontré esta semana en una sentencia. Un juzgado federal de Tamaulipas condenó a su secuestrador el 8 de septiembre pasado: 332 años de pena. Catorce años tardó la justicia mexicana en poner por escrito lo que las víctimas dijeron desde el primer día. 14 años por un solo hombre. Y probablemente no el que daba la orden, sino uno de los que la ejecutaban.
A casi dos mil kilómetros de Matamoros, otra corte trabajaba al mismo tiempo para dictaminar sobre la misma guerra. Desde junio, un juez de Washington D.C. empezó las negociaciones de cara al juicio contra Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42: los hombres que escalaron a la cúpula de Los Zetas y le hicieron la guerra al Golfo. La fiscalía ya descartó pedir la pena de muerte. La defensa pidió posponer el juicio a 2029.
No hay prisa. A los jefes que diseñaron esta lógica del terror, dos países les está tomando, sumados, más de dos décadas para sentarlos frente a un juez. Ese es el verdadero fracaso: la ausencia de justicia, completa, en los dos países, para las decenas de miles de víctimas de esa guerra.
Aquí, 14 años para condenar a un ejecutor. Allá, una maquinaria judicial que negocia calendario y gana tiempo, mientras los jefes que fundaron la organización siguen sin una sola sentencia en su contra. Ninguno de los dos procesos le devuelve nada a las familias. Catorce años de un lado y ninguna condena del otro.
