Esta semana ante cuarenta banqueros mexicanos, el embajador Ronald Johnson pidió que México vaya con Estados Unidos contra las finanzas de los cárteles. Fue en la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST. Dijo textual que si les quitamos las drogas, pueden reemplazarlas, si les quitamos las armas, pueden comprar más y si les quitamos el dinero, les pegamos en el corazón. Suena a equipo. Falta ver quién pone y quién cobra.
Cooperar, si la palabra significa algo en la era de Donald Trump, implicaría repartir lo que se recupera y en ocho años de reclamos mexicanos, Estados Unidos no ha movido un dólar hacia acá. Ha ofrecido presión coordinada sobre facilitadores financieros y sanciones sincronizadas, pero la realidad es que el dinero sigue quedándose del otro lado.
Durante ocho años los gobiernos se han pronunciado porque regrese el dinero, porque si nosotros entregamos a los capos y allá esos juicios terminan en acuerdos de culpabilidad con cientos de millones de dólares sobre la mesa, lo justo sería que algo de ese dinero regresara a donde se generó el daño.
Ya en agosto de 2022 con Caro Quintero apenas detenido, el expresidente López Obrador reclamaba lo mismo desde la mañanera: que esos bienes eran del pueblo de México, que allá los confiscaban, además de usarlos para negociar rebajas de condena. Dijo que la Cancillería ya se estaba encargando.
Hoy “encargarse” no alcanza. El único mecanismo que permitiría ese reparto es el Tratado Bilateral de Extradición, y ese tratado condiciona la división de activos a que haya mediado una extradición formal. Ninguno de los 92 narcotraficantes que Sheinbaum ha entregado desde 2025 llegó por esa vía.
Salieron por entregas expeditas bajo la Ley de Seguridad Nacional, más rápidas, más cómodas para Washington y probablemente inservibles para reclamar un peso. México se apresuró en entregar a sus criminales para calmar a Trump antes de cada revisión de aranceles, y en la prisa tiró el único papel que le daba derecho sobre el botín.
Está el caso de Ismael El Mayo Zambada. El 20 de julio, un juez de Brooklyn lo condenó a cadena perpetua y ordenó decomisarle 15 mil millones de dólares. Unos 261 mil millones de pesos.
Voy despacio, porque la cifra no significa lo que parece. No es dinero apilado en una bóveda esperando transferencia. Es una estimación de lo que ese hombre ganó en cuatro décadas, calculada por un tribunal extranjero.
Concedamos, sin embargo, que la cifra fuera real. Aun así México no recibiría un peso y la razón está en cómo llegó Zambada a manos estadounidenses. En un avión privado y presuntamente engañado y sin que se mediara un acuerdo de extradición entre ambos gobiernos.
Hoy la presidenta ha dicho que si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante que está en Estados Unidos, se va a solicitar que sea entregado a México. Sabemos que del otro lado no pasará.
Ya lo intentamos una vez. Así nos fue: Genaro García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa. En mayo de 2025, una corte civil de Miami-Dade lo sentenció, junto con su esposa a pagar 2 mil 488 millones de dólares al gobierno mexicano, la cifra más alta jamás obtenida por México en un caso así.
De esos 2 mil 488 millones lleva cobrados 5.8. Menos del uno por ciento.
Es decir que no cayeron por cooperación. Llegaron porqué México tuvo que convertirse en demandante en una corte extranjera, contratar abogados, rastrear doce propiedades en Florida, perseguir una póliza de fianza y esperar años a que una jueza estadounidense se dignara a fallar a favor.
Todo este esfuerzo significa “recuperar” cuando el dinero lo tiene Estados Unidos. Ponerse en fila, como cualquier acreedor, a ver si te toca algo en la repartición.
El trato de fondo es que México persigue a los capos, México pone los operativos, los soldados, los marinos que mueren en ellos, las ciudades que se incendian cada que cae uno grande. México pone también las familias que llevan años buscando en fosas. Y en el instante en que el avión toca pista del otro lado, el capo deja de ser problema nuestro. Su fortuna también.
Johnson habló del proceso, no del reparto. Habló de perseguir el dinero, grupos de trabajo bilaterales, intercambio de información en tiempo real, sanciones de la OFAC. Ni una palabra sobre qué ocurre con ese dinero una vez incautado.
Estados Unidos tiene un manual de decomiso de activos que sí contempla compartir bienes con gobiernos extranjeros y una legislación que permite destinarlos a las víctimas. El marco existe, lo que no existe es la intención de usarlo con nosotros más allá de guiños ocasionales, como en el caso García Luna.
Hoy las víctimas de estos narcotraficantes no están en Brooklyn, ni en Miami. Están en Culiacán, en Reynosa, en estados como Guanajuato. El daño se generó de este lado y aquí sigue sin repararse.
Así que cuando el embajador venga a hablar de ir juntos conviene tener presente lo que juntos y cooperación han significado hasta hoy. México los sufre, los busca, los captura y los entrega. Estados Unidos los juzga y se queda con todo.
No se trata de cobrar. Se trata de que ese dinero se hizo a costa de nuestros muertos.
