El martes 25 de agosto, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, declaró que el mecanismo para seleccionar a las coordinaciones estatales de su movimiento —futuras candidaturas a las gubernaturas— “ha sido el proceso más transparente” que ha tenido el partido.
A este columnista le hace falta, con urgencia, un diccionario nuevo: uno que registre lo que hoy quieren decir palabras que antes significaban otra cosa. De ese proceso pueden decirse muchas cosas, menos que fue transparente. Hasta ahora solo se han hecho públicos los nombres de quienes llegaron a la encuesta final y los de quienes la ganaron. La lista completa de inscritos, prometida desde junio, sigue guardada.
Por lo pronto se han resuelto diez de las diecisiete candidaturas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.
Las llamo candidaturas para ahorrarme el larguísimo eufemismo con el que Morena decidió burlar la ley electoral: “coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”. No es el único eufemismo. En este proceso, defendido como el más transparente, se utilizaron encuestas cuya metodología, preguntas y resultados no se hicieron públicos. Tampoco se conocen los nombres de quienes integran la Comisión Nacional de Encuestas, que supuestamente realizó los sondeos internos, ni la identidad de las casas encuestadoras externas que, según la convocatoria, levantarían encuestas espejo. A lo anterior se suma que, por estatuto, los resultados son inapelables.
Ese nuevo diccionario traería, seguramente, una definición actualizada de democracia. El artículo 2 de los estatutos de Morena fija como meta que la elección de sus órganos de dirección sea libre y auténtica, y el artículo 42 obliga a que la selección de candidaturas se guíe por principios democráticos. El proceso referido no tuvo nada de libre ni de auténtico, mucho menos de democrático.
A diferencia de 2023, cuando la dirigencia publicó los resultados de la encuesta presidencial con todo y sus sondeos espejo, esta vez el partido oficial decidió reservarse los números que ungieron a las diez personas seleccionadas para competir el próximo año por una gubernatura. La única explicación ofrecida fue que se trata de un asunto interno. Más extraño aún es que, fuera de Zacatecas, casi nadie dentro de esa fuerza política haya exigido algo mejor.
Todavía más curioso es que no se haya dado a conocer la metodología de las encuestas. No es pública la ficha técnica que precisaría el diseño, el tamaño de la muestra o el nivel de confianza. Por notas periodísticas sabemos que en Querétaro se habría realizado un sondeo casa por casa. En Baja California se habría utilizado un híbrido de encuesta telefónica y levantamiento en domicilio. En Sonora, donde aún no hay designación, la dirigencia estatal habló de una muestra de mil 200 hogares, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 2.5 por ciento.
De ser cierta esta información, en cada entidad se optó por una metodología distinta. ¿Por qué tomó la Comisión Nacional de Encuestas esa decisión diferenciada? ¿O delegó tal facultad en alguna autoridad local? Afirman que las personas aspirantes sí conocieron la ficha técnica y, por tanto, la metodología. De ser así, ¿por qué se la ocultaron al resto?
Tampoco se dieron a conocer las preguntas del cuestionario. Fue público lo que quería medirse: siete atributos difíciles de traducir estadísticamente. Son el conocimiento en el territorio, la opinión positiva, la cercanía con la ciudadanía, la honestidad, la confianza ciudadana, el trabajo territorial y el compromiso con los principios del movimiento.
Hallo dificultad para imaginar las preguntas que debieron formularse para atender cada uno de estos indicadores. Mayor complicación habrá significado ponderar las respuestas de tal manera que la medición fuera estadísticamente robusta y, por tanto, objetiva. El experimento científico —porque eso es una encuesta— resulta en este caso imposible de replicar: se desconocen el cuestionario y el método para convertir en números el peso de cada respuesta.
Igualmente se ocultaron los criterios para resolver eventuales conflictos derivados del experimento. ¿Cómo habría resuelto la comisión responsable si la diferencia entre un aspirante y otro fuese muy cerrada, o si las distintas encuestas arrojaran datos contradictorios? Con la información disponible, tampoco hay luz que aclare esta cuestión.
En la misma oscuridad nos dejó este ejercicio respecto de las casas encuestadoras contratadas para los sondeos espejo. Así como la dirigencia de Morena se negó a dar resultados, optó por esconder los nombres de las empresas. Corren versiones sobre cuáles fueron, pero no existe información oficial. ¿Hubo realmente encuestas espejo? ¿Quiénes estuvieron a cargo? ¿Por qué se esconde su identidad?
En la misma penumbra se encuentra la Comisión Nacional de Encuestas. Según los estatutos, sus tres integrantes deben ser elegidos por el Consejo Nacional de Morena. Así ocurrió en julio de 2020, cuando se designó a Ivonne Cisneros, Pedro Miguel y Rogelio Valdespino. Al menos dos de ellos seguían en funciones en 2023. ¿Quiénes la integran hoy? No es posible dar con las actas del Consejo Nacional que aclaren este punto. De acuerdo con algún relato periodístico, Héctor Soubervielle y Carlos Alberto Reyes ocuparían hoy asientos en esa comisión. El problema es que, en el archivo a cargo del INE, no es posible identificar en qué sesión del Consejo Nacional fueron nombrados. Tampoco es posible conocer el nombre del tercer comisionado, si es que existe, ni el de quien ocupa la secretaría técnica, cargo que deben designar los propios comisionados.
Para cerrar el círculo de la opacidad hay que mencionar una carta. Antes de participar, quienes aspiraban a las candidaturas la firmaron para comprometerse a acatar los resultados que anunciara la Comisión Nacional de Elecciones. A ello se suma que, según el artículo 44 de los estatutos, los dictámenes de la Comisión de Encuestas son inapelables. Dentro del partido no hay ante quién inconformarse, y fuera solo queda el camino, largo e incierto, del Tribunal Electoral.
El último clavo del ataúd lo pone la convocatoria, con respaldo en los estatutos. La persona aspirante que se atreva a lanzar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos o sus competidores puede perder el registro que le permitió competir. Además, políticamente estaría muerta, al menos dentro de Morena.
