El pasado viernes nos enteramos de la renuncia de Héctor Durán a la dirección de la empresa Agua de Puebla para Todos, luego de 10 años de estar al frente de la misma, tiempo en el cual se fue complicando su gestión, aunado a la presión política de Morena, quien tiene años pidiendo revocar la concesión. Junto con él se fueron otros funcionarios de primer nivel.
Cada proceso electoral, los partidos utilizaron el tema para sacar raja política, y por esa razón, muchos lo toman como bandera y hasta prometen que desde el Congreso, harán lo posible para regresar el servicio al estado sin embargo no es tan sencillo como parece.
En primer lugar, liquidar a la concesionaria representaría una penalización de al menos 7 mil millones de pesos, debido a que eso viene estipulado en el contrato, en caso de incumplimiento por alguna de las partes.
Hace días el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que se revisarán los términos y las inversiones que la concesionaria, Agua de Puebla para Todos debe de cumplir, al señalar que la cancelación del vínculo con la empresa implicaría un costo de miles de millones de pesos para el erario estatal.
De hecho el viernes se reunieron los directivos de la empresa para dialogar con el equipo del gobernador, y de entrada llevarían en la mano la renuncia de Héctor Durán como una "prueba de buena voluntad", dadas las quejas ciudadanas por el servicio, quien muchas de ellas tampoco son del todo responsabilidad de Agua de Puebla.
Esto porque la cobertura del servicio no es en todo el estado, y en muchos municipios es responsabilidad del alcalde, y a su vez de los presidente de las juntas auxiliares que sacan beneficio personal sin que investiguen al respecto.
La decisión de revisar los términos y el cumplimiento de la concesión es bueno, pero debe hacerse sin sesgos políticos, ni tampoco bajo presiones. Si alguno de los involucrados ha fallado, se tiene qué decir, y en todo caso señalar para que las cosas se hagan bien.
El problema del abasto de vital líquido no se resuelve de la noche a la mañana, ni tampoco con la salida del director porque se trata de resolverlo de fondo y con la idea de generar mayores eficiencias.
El problema es saber si los miles de millones de pesos en infraestructura se han ejecutado, ya que de no ser así el gobierno está obligado a investigar y en su caso obligarlos a que cumplan los acuerdos.
