El más reciente estudio de la OCDE sobre confianza en las instituciones públicas coloca a México en un sitio inesperado: es uno de apenas ocho países donde más de la mitad de la población manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional y en una organización integrada por las economías más desarrolladas del mundo, ese resultado convierte a México en una excepción, no en la regla.
La primera tentación sería utilizar esa cifra como prueba irrefutable de que el país atraviesa un momento de fortaleza institucional pero esto sería una lectura incompleta. La segunda sería descalificar el estudio porque contradice las percepciones instaladas en el debate público. También sería un error. La encuesta mide percepciones comparables entre 33 países de la OCDE con una metodología homogénea. Lo que revela no es que México haya resuelto sus problemas, sino que los ciudadanos evalúan algunos aspectos del desempeño gubernamental de manera más favorable que los habitantes de buena parte de las democracias desarrolladas.
El documento ofrece pistas interesantes. México aparece entre los países mejor evaluados en la calidad de los servicios administrativos. Los ciudadanos califican positivamente la claridad de la información que reciben, la facilidad para realizar trámites y la capacidad de las instituciones para responder a sus necesidades. También figura entre las naciones donde más personas creen que una queja puede generar mejoras en los servicios públicos y donde existe mayor confianza en que las instituciones adoptan ideas innovadoras para resolver problemas.
No son indicadores menores. Durante años se asumió que la confianza dependía casi exclusivamente de variables económicas o políticas. La OCDE sostiene otra cosa: las experiencias cotidianas con el Estado también construyen legitimidad. Un trámite sencillo, una respuesta oportuna o una atención eficaz terminan influyendo en la percepción general sobre el gobierno.
Pero el informe también advierte los límites de esa confianza. México comparte con el resto de la OCDE una paradoja que debería preocupar. Mientras una mayoría expresa confianza en el gobierno, esa percepción cae de forma importante cuando se pregunta por el Congreso. De hecho, el país aparece entre aquellos donde existe una de las mayores diferencias entre la confianza depositada en el Poder Ejecutivo y la otorgada al Poder Legislativo.
La lectura política es inevitable. Los ciudadanos pueden reconocer resultados administrativos o capacidad de gestión sin que ello implique una valoración equivalente de las instituciones encargadas de representar, deliberar y equilibrar el poder. La confianza parece concentrarse más en quien gobierna que en las reglas del sistema democrático.
Hay otro elemento igualmente revelador. La OCDE insiste en que el gran desafío contemporáneo ya no consiste únicamente en prestar buenos servicios públicos. La confianza futura dependerá de que los gobiernos convenzan a la sociedad de que toman decisiones con evidencia, transparencia, integridad y apertura al escrutinio ciudadano. Es decir, la eficacia administrativa ya no basta si la población siente que no participa o que las decisiones se toman lejos de ella.
