Durante la última década, buena parte de la discusión sobre la procuración de justicia en México se concentró en un objetivo que parecía suficiente por sí mismo: transformar las procuradurías en fiscalías autónomas, pues existía la teoría que mientras los ejecutivos en turno designaran a los procuradores no solo habría mayor eficiencia sino menor impunidad especialmente cuando se investigaba a los gobernantes.
La premisa era sencilla; si las instituciones dejaban de depender formalmente de los gobiernos estatales y federal, las investigaciones serían más imparciales, habría menos impunidad y la ciudadanía recuperaría la confianza en el sistema de justicia.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, elaborado por Impunidad Cero, demuestra que esa ecuación resultó mucho más compleja de lo esperado pues la autonomía constitucional representa un avance institucional importante, pero por sí sola no ha sido capaz de resolver el rezago histórico de la procuración de justicia en México.
La propia investigación llega a una conclusión que rompe con uno de los principales paradigmas de los últimos años: "El análisis de autonomía del IEDF 2026 revela que la autonomía formal no garantiza mejor desempeño, pero su ausencia facilita la injerencia de actores políticos." Esa frase resume el verdadero alcance de la reforma. La autonomía es necesaria, pero está lejos de ser suficiente.
Los datos que presenta el estudio son contundentes. Treinta entidades federativas ya operan bajo el modelo de fiscalías autónomas y, aun así, el país mantiene niveles alarmantes de impunidad. En 2024 únicamente 9.6 por ciento de los delitos fueron denunciados y la probabilidad de que un delito sea denunciado y concluya con una salida efectiva apenas alcanza 1.47 por ciento. Dicho de otra forma, estadísticamente sólo uno de cada cien delitos termina con una respuesta satisfactoria del sistema de justicia lo que nos da una idea de las miles de víctimas de delitos que se quedan sin acceso a la justicia. El problema es que durante años el debate público confundió autonomía con eficacia. Cambiar el nombre de Procuraduría por Fiscalía era una condición necesaria para reducir la influencia política sobre las investigaciones, pero nunca garantizó mejores capacidades de investigación, mayor profesionalización del personal ministerial, mejores sistemas tecnológicos ni procesos más eficientes para atender a las víctimas.
Precisamente por ello, Impunidad Cero decidió incorporar por primera vez una evaluación específica sobre autonomía dentro del IEDF 2026. Lo hizo porque comprendió que la independencia institucional no puede medirse únicamente revisando una Constitución.
Como explica el documento, "este análisis busca evaluar el grado de independencia con que operan las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas, más allá de la declaración constitucional de autonomía... el proceso de selección, aunque fundamental, no garantiza la independencia efectiva."
Lamentablemente si la autonomía hubiera sido, por sí sola, la solución esperada, esos indicadores tendrían que mostrar un cambio mucho más profundo después de una década pero no fue así.
