El caso Tapalpa no está en riesgo de desmoronarse por falta de indicios, sino porque estamos frente a un escenario de no poder sostenerlos y es que la propia Fiscalía General de la República reconoció que la escena donde presuntamente se ocultaba Nemesio Oseguera, no fue resguardada de inmediato y que múltiples personas ingresaron antes del procesamiento formal.
El caso es que en el sistema penal acusatorio, una prueba no vale por lo que parece, sino por lo que puede acreditarse y el origen, integridad así como la trazabilidad son los tres pilares que permiten que un indicio se convierta en evidencia. Si uno falla, el resto se tambalea pues en Tapalpa, los tres están en entredicho ya que la fiscalía no puede asegurar que los objetos encontrados estaban ahí originalmente, ni que fueron preservados conforme a protocolo, ni quién tuvo contacto con ellos antes de su aseguramiento.
El efecto inmediato es jurídico puesto que cualquier elemento material, armas, documentos u objetos personales, puede ser impugnado por la defensa bajo el argumento de contaminación o manipulación es decir si un juez considera que la cadena de custodia se rompió, la prueba puede ser excluida. Y si no se excluye, pierde fuerza suficiente para sostener una acusación más allá de la duda razonable.
La contaminación no solo afecta lo que se encontró, también compromete lo que se construya a partir de ello pues si una línea de investigación, una detención o un cateo derivan de indicios viciados, toda la estructura puede ser cuestionada por su origen simplemente es el efecto dominó de una falla inicial que se expande hacia todo el expediente.
En ese contexto aparecen las llamadas “narco nóminas” que develan datos interesantes: nombres, posibles pagos, redes de complicidad sin embargo en la práctica, son frágiles si provienen de una escena contaminada, en el mejor de los casos, funcionan como indicios débiles.
Sin embargo, descartarlas por completo sería un error pues pueden servir como insumo de inteligencia: orientan investigaciones, sugieren vínculos y abren nuevas líneas de indagatoria con una reserva ya que si la fiscalía construye casos enteros a partir de esas listas, arrastra el mismo vicio de origen. Si, en cambio, logra corroborar la información por vías independientes, movimientos financieros, testimonios, datos técnicos, puede reconstruir parcialmente el caso sobre bases más sólidas.
Este caso exhibe una falla de coordinación entre autoridades y una debilidad estructural en la construcción de pruebas que puede significar un grave riesgo para la procuración de justicia pues en el sistema acusatorio, no basta con intervenir un lugar o realizar un operativo exitoso: la validez del caso depende de cómo se documenta y se preserva cada indicio. Sin ese rigor, incluso los golpes más relevantes pueden diluirse en tribunales.
No se trata de si hubo o no hallazgos importantes, sino de si estos hallazgos pueden sobrevivir al escrutinio judicial. Si una escena no se resguarda a tiempo, la evidencia deja de ser certeza y se convierte en sospecha. Y en justicia penal… la sospecha por sí sola no lleva a una condena.
