Tengo la esperanza, y todo indica que así será, que lo que se ha llamado segunda parte del plan B electoral, el acumulado de reformas más delicado propuesto desde el Poder Ejecutivo que incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendrá la misma suerte que lo ya resuelto por los ministros de la Suprema Corte.
De las tres leyes, la que me parece más ventajosa para los actores políticos y en especial para el partido en el poder es justo la de la ley general que los rige, pues entre otras cosas desliga a los partidos de la autoridad electoral en el marco de sus procesos internos, lo que permite libremente a éstos designar a sus dirigencias como mejor les venga en gana y resolver las impugnaciones de los militantes al interior de los mismos sin la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a la autoridad electoral.
También maneja el uso de recursos discrecional sin la oportunidad de fiscalización pues los exime por ejemplo de entregar reportes de gastos de precampaña al INE y con ello la posibilidad de gastar lo que consideren necesario cuyo ingreso podría tener patrocinadores alejados de los preceptos de la ley y con ello una oportunidad enorme para el lavado de dinero.
Pero además, señala que la autoridad electoral no podrá reducir o retener más del 25% de las prerrogativas, es decir, del financiamiento público que reciben por concepto de sanciones, multas, descuentos, remanentes y demás, lo que quita dientes a la de por sí, ya chimuela autoridad electoral, y mientras al INE le prohíbe utilizar dinero ahorrado a los partidos les permite quedarse con el dinero público y privado que no se gaste al año para utilizarlo posteriormente en una elección federal o local.
La SCJN deberá resolver a la brevedad la inconstitucionalidad o validez de la segunda parte del “Plan B” de la reforma electoral, tiene hasta antes de junio de 2023 para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país, espero de verdad que esto se frene pues desde lo apresurado que fue su presentación y discusión no daba buena espina, claro que todo se puede mejorar, siempre y cuando se discuta y apruebe como la ley manda.
