El estado de Hidalgo empieza a experimentar un crecimiento importante, similar al que ya han vivido otros estados del país cuyas economías se han transformado en importantes aportadoras al PIB nacional, y cuyo desarrollo —en algunos casos exponencial— ha traído consigo problemas indeseables, como la presencia de grupos delincuenciales y el auge de mafias locales que, obviamente, se ven beneficiadas por la infraestructura, la mejora en la calidad de vida y el crecimiento del poder adquisitivo.
Debemos entender que la economía del crimen organizado está intrínsecamente ligada al crecimiento de la economía legal: toda mejora en carreteras, condiciones de vida y, sobre todo, el aumento del poder adquisitivo de la población es aprovechada tanto para la venta de sus productos —cualquiera que estos sean— como para lavar dinero mediante el florecimiento de negocios fachada, que pasan más desapercibidos en una economía boyante.
Es por ello que, en esta entidad que contará con varias líneas de tren, dos polos de desarrollo e inversiones que ya superan decenas de miles de millones de pesos, es imperativo implementar estrategias integrales para contener el avance innegable que, en otros estados, han tenido los delincuentes por las razones aquí expuestas.
Primero, una estrategia preventiva: fortalecer las acciones orientadas a evitar conductas delictivas y atender sus causas profundas. No se trata únicamente de factores económicos; también involucra valores, cohesión familiar y tejido social. De lo contrario, ningún monto de inversión o beca será suficiente para resistir las ofertas del crimen.
Segundo, una estrategia disuasiva: impedir el asentamiento de estos grupos mediante una aplicación implacable de la ley y una presencia constante y efectiva de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. No puede tolerarse la permanencia de mandos de seguridad que carecen de los requisitos legales, como ocurre en algunos municipios.
Y tercero, pero no menos importante, una estrategia de combate: acciones coordinadas entre todas las autoridades competentes que garanticen una procuración de justicia infalible, encaminada hacia una impartición de justicia libre de corrupción, pronta y expedita para quienes se conviertan en víctimas del crimen.
Los estados que se han enfocado en todo menos en estos ejes hoy son presa de los criminales.
