Si algo he aprendido en estos años como testigo de la vida política del país, en lo que al Poder Legislativo respecta, es que tiene una manera de operar particular: existen una diversidad de factores que en suma pueden llevar a buen puerto o hacer naufragar cualquier iniciativa.
En lo particular, estoy a favor de reducir el número de diputados, pues en la práctica, solo un puñado de ellos desarrollan la habilidad de legislar.
El resto, la gran mayoría debo admitir, está atento a lo que el líder de su grupo parlamentario le indique para votar.
Se puede argumentar que para las cuestiones técnicas se cuenta con personal de apoyo, asesores muy bien pagados, que tienen como propósito hacer las tareas legislativas más fáciles.
Pero ello no cambia el hecho de que, a final de cuentas, los acuerdos, las alianzas, los cabildeos, son los que definen en última instancia el quehacer legislativo.
Lo anterior viene a cuento por el reciente papel del Congreso del Estado de Guanajuato ante las reformas al marco normativo de las compras públicas, que simple y llanamente fueron desechadas por una cuestión de forma sin entrar mucho a discusión del fondo del asunto.
En mi experiencia como servidor público, y después como proveedor del gobierno estatal, conozco los procesos de contrataciones y puedo afirmar que al menos en todos los que me tocó participar, se realizaron con total transparencia e imparcialidad, porque el marco normativo así lo exigía y lo garantizaba.
Aunque coincido con la mayoría de los argumentos para desechar la propuesta, me parece que los diputados, sobre todo la mayoría panista, quedó a deber a la ciudadanía un proceso más transparente y una explicación más clara del por qué la iniciativa no era viable.
Este caso en particular deja la impresión que la agenda legislativa no se define en el inmueble del Paseo del Congreso, sino desde algún lugar de Paseo de la Presa.
La última sesión de la actual legislatura, despachando los nombramientos encargados por el gobernador, no me deja ninguna duda.
