La noticia se difundió la tarde de ayer: un nuevo actor irrumpió en el diferendo entre Paloma Robles, regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el alcalde de Guanajuato capital Alejandro Navarro Saldaña por el nuevo Museo de las Momias (MuMo) que el panista pretende construir en lo que fue la estación del ferrocarril.
Se trata de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación (FNML), el ente burocrático encargado de administrar los activos que quedan de lo que fuera el organismo público descentralizado a cargo de la empresa estatal ferroviaria.
Se trata de una oficina menor en el organigrama del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que encabeza Ernesto Prieto Ortega.
Resulta que, a petición de Robles Lacayo, quien atrajo la atención de esa instancia, Miguel Ángel Montes Galarza, quien firma como Responsable del Proceso de Desincorporación de FNML, requirió al municipio información sobre el MuMo.
Hasta ahí el asunto no pasaría de ser uno más de los casos de quejas y denuncias que por ley debe ser atendido.
El matiz aparece cuando el documento fue entregado en la Secretaría Particular... ¡nada menos que por la misma activista/quejosa/regidora!
Llama poderosamente la atención que el oficio no solo hace saber al alcalde quién es la promovente de la queja -quienes sabemos de Atención Ciudadana tenemos claro que en ese dato debe mantenerse en estricta reserva- y no solo eso: reproduce textualmente los argumentos en contra que ya le hemos escuchado a la ex directora del Museo de las Momias.
Si a eso se le suma que el oficio carece de motivación y fundamentación legal alguna, este nuevo episodio termina quedando en total fuera de lugar.
Acciones como esta solo aumentan las certezas de quienes ven en el asunto de las momias un trasfondo político, manoseado por Morena desde el centro del país, más allá de un genuino reclamo ciudadano: Forma es fondo.
Mario A. Arteaga*
mario.arteaga@milenio.com
*Periodista de investigación. Ex servidor público de carrera
