Hace 79 años, el Poder Ejecutivo de México cometió un grave atentado contra el estado de Tamaulipas al proceder ilegalmente e imponer a un nuevo gobernador, desconociendo al gobierno de Hugo Pedro González. Es necesario definir este acto desde el punto de vista legal:
La desaparición de poderes es un proceso legal mediante el cual se declara que, por distintas causas políticas o sociales, han dejado de existir como tales los poderes públicos de un estado de la Federación de México. Por lo tanto, el Gobierno federal —en este caso el Senado de la República— interviene en la soberanía de un estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. Ello es una facultad exclusiva del Senado ante la desaparición de los tres poderes públicos de una entidad, lo cual equivale a un fuerte quebranto de la soberanía local.
En realidad, no existieron las causales que validaran la acción del Senado en el caso tamaulipeco, porque lo que deseaba el presidente Miguel Alemán era “descabezar” la influencia de Emilio Portes Gil en la política del estado, después de haber ocupado la gubernatura y la presidencia interina de la República a fines de los años 20.
El afectado, el gobernador Hugo Pedro González, pertenecía al grupo portesgilista y fue el sacrificado en esa lucha de poderes. Se desconoce a ciencia cierta el origen, porque el llamado “caciquismo político” imperaba en muchos estados del país en esa época; es decir, la imposición de personas en los cargos públicos que aprobaran “la prueba de la lealtad”.
Se especula que el presidente Alemán odiaba a Portes Gil porque, cuando este ocupó interinamente la presidencia federal, no intercedió a favor de su padre, un militar perseguido por su adhesión a opositores del poder federal que terminó trágicamente.
Los motivos para proceder a desconocer los poderes del gobierno estatal fueron inexistentes: que había inestabilidad ante brotes armados, quejas de los maestros por falta de pago y hasta se ofreció como prueba el asesinato del periodista Vicente Villasana, director del diario El Mundo que se editaba en nuestro puerto; suceso que no tuvo nada que ver como prueba de “inestabilidad”.
El caso fue cumplir con el deseo presidencial a costa de las violaciones constitucionales, pero para eso estaba un obediente Senado: atento a captar las señales no tan sutiles… primero lo que mande el señor y luego la legalidad. ¿Renunció algún senador o presentó oposición? No se conoce. Permanecer en la nómina y no bajar del “carro completo” era vital. Como lo hizo el general Raúl Gárate, sustituto, que llegó a sentarse cómodamente.
