La cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como la relación de otros gobernadores y políticos del partido Morena que las agencias norteamericanas han vinculado con personajes del narcotráfico, representan una oportunidad para la oposición, ante las evidencias de actos de corrupción y la incapacidad de Morena para gobernar de manera transparente y honesta.
Lo sucedido en Baja California representa un duro golpe al interior del partido guinda, lo que probablemente le generará divisiones, más aun cuando eran conocidos previo a la designación de candidatos, los vínculos de estos personajes con el narcotráfico.
La mala elección de candidatos que no representan los valores ni la ideología del partido que los postuló, ha generado descontento entre la base de los militantes y dirigentes, pudiendo este hecho repercutir en falta de apoyo electoral y llevar a una pérdida en las elecciones.
El PRI perdió las presidenciales en el 2000 ante un candidato que resultaba atractivo (que ya como gobernante fue un verdadero fracaso), pero principalmente fue por la percepción de corrupción, autoritarismo, falta de democracia, uso indebido de recursos, así como el nepotismo y clientelismo, prácticas que favorecían a familiares y amigos, lo que finalmente contribuyó a la pérdida de apoyo popular y a la derrota después de 71 años del PRI en el poder.
Las declaraciones de Trump, así como la actuación de las agencias norteamericanas sobre la lista de políticos relacionados con el narcotráfico, lo que ha sido expuesto por la prensa nacional e internacional, está siendo observado como una amenaza para el gobierno de Morena, lo que algunos medios y analistas ven como un “tsunami” que podría afectar la estabilidad política en México.
Este es el contexto bajo el cual la oposición debería trazar su estrategia, fortaleciendo su posición con acciones articuladas entre los partidos políticos aliancistas, incorporando a las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y redes sociales, a fin de presentar denuncias públicas y documentadas sobre casos de corrupción vinculados con Morena, destacando la responsabilidad de sus líderes y gobernantes.
Si bien esta estrategia de alianza entre partidos y sociedad civil se dio en la pasada elección presidencial, fue mera simulación la de los dirigentes partidistas comandados por el empresario Claudio X. González, pues al conformarse el bloque opositor integrado por partidos políticos y organizaciones ciudadanas, PRI, PAN y PRD tuvieron una ventaja significativa en términos de recursos, experiencia y reconocimiento público, lo que generó que en la selección de candidatos a Senadores y Diputados no fueron considerados aquellos perfiles ciudadanos sin vínculos con algún partido político.
La participación activa de la ciudadanía en los procesos políticos, promoviendo aquellos perfiles sin relación con los partidos, a través de mecanismos como la participación en debates o las propuestas de iniciativas ciudadanas, podrían renovar la política. Los movimientos ciudadanos independientes han demostrado en distintos países cambios sustanciales en la forma de gobernar.
Hace unos días en Veracruz, entidad que junto con Durango celebrarán el próximo año elecciones municipales, tuvo lugar el seminario llamado “La Fuerza de las Ideas”, en donde el Senador Luis Donaldo Colosio enfatizó que los grandes problemas nacionales requieren soluciones locales y una reingeniería en la forma en que se hacen las cosas.
Los municipios son fundamentales para abordar los problemas, ya que permiten una mayor cercanía con la ciudadanía y una mejor comprensión de sus necesidades, de ahí la importancia de las elecciones municipales.
En Veracruz está sucediendo algo interesante que podría modificar el escenario electoral, ante la alianza que se está dando entre empresarios y organizaciones sociales, promoviendo la participación ciudadana en el ámbito político. ¿Serán estas elecciones en Veracruz, el inicio de una oposición fortalecida?
